Chiapas retoma empleo temporal para migrantes y apuesta por regulación y vigilancia
Tuxtla Gutiérrez. El gobierno de Chiapas anunció que replicará el modelo de empleo temporal para integrar a personas extranjeras en actividades productivas, una estrategia que busca convertir flujos migratorios en mano de obra organizada y en ingresos para comunidades rurales. Según un comunicado del Gobierno de Chiapas, la iniciativa coordinará a la Secretaría del Trabajo del estado, autoridades municipales y organizaciones civiles para vincular a migrantes con productores agrícolas y proyectos locales.
La propuesta revive lo que ya se aplicó en administraciones anteriores: contratos por periodos definidos, capacitación técnica y mecanismos de intermediación entre empleadores y trabajadores. La justificación oficial, según el boletín estatal, es reducir la informalidad laboral y las condiciones de explotación que padecen muchas personas migrantes en la frontera sur. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) muestran que Chiapas sigue siendo paso y destino de miles de personas en tránsito, lo que convierte el tema en una prioridad tanto humanitaria como económica.
Para organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la idea tiene ventajas claras: “ofrecer empleo formal y acceso a servicios básicos puede ser la diferencia entre la explotación y la dignidad laboral”, afirman en comunicaciones públicas. Sin embargo, la misma organización y colectivos locales consultados por este diario advierten que sin supervisión y garantías laborales, el programa puede reproducir las desigualdades que pretende corregir.
En la práctica, el modelo anterior mostró resultados mixtos. Por un lado, productores agrícolas en la región valoraron la mano de obra temporaria, sobre todo en temporadas de cosecha. Por otro, migrantes entrevistados por La Jornada en lapsos anteriores relataron contratos ambiguos, pagos por debajo del salario legal y falta de acceso efectivo a seguridad social. Esos testimonios constituyen una advertencia: la formalización en el papel no siempre equivale a protección real.
Los riesgos son concretos y afectan a la población local. Pequeños jornaleros chiapanecos temen que la entrada masiva de trabajadores temporales reduzca sus oportunidades, o que patrones utilicen contratos para abaratar costos. Expertos en derechos laborales consultados por este periódico recomiendan que la política incluya cláusulas claras sobre salario mínimo, horas, descansos y acceso a salud, además de auditorías independientes.
La gobernabilidad del esquema dependerá también del financiamiento y la articulación interinstitucional. Según el anuncio oficial, el programa combinará recursos estatales con posibles apoyos federales y cooperación técnica de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Queda pendiente explicitar montos, criterios de selección de beneficiarios y mecanismos de rendición de cuentas, demandas que organizaciones civiles y periodistas han repetido en los últimos años.
Un aspecto a favor es la posibilidad de capacitar a migrantes en oficios demandados localmente —desde técnicas agrícolas sustentables hasta servicios de transformación alimentaria— lo que puede traducirse en mayor valor agregado para las comunidades. Pero esa promesa necesita programas de formación con certificación y rutas que eviten la expulsión laboral cuando termine la temporada.
La ciudadanía también tiene un papel. La transparencia en los contratos y la publicación abierta de resultados—número de contratos, salarios, cumplimiento de derechos—son imprescindibles para evaluar si la política cumple su objetivo social y económico. El gobierno estatal deberá enfrentar preguntas sencillas pero decisivas: ¿quién vigila a los empleadores? ¿cómo se protege a quienes denuncian abusos? ¿qué pasa con las familias y con el acceso a educación y salud?
Si se hace bien, el modelo puede ser una herramienta para disminuir la precariedad y fomentar la inclusión. Si se repite lo de siempre, será solo una camisa de fuerza más: promesas con papel pero sin protección. La experiencia pasada, los datos del INM y la voz de organizaciones como el SJM deberían servir como brújula. El desafío es grande: transformar una política reactiva en una política pública que dignifique la migración y beneficie tanto a quienes llegan como a las comunidades que les abren la puerta.

