El campo en ebullición: precios bajos, inseguridad y un giro de prioridades desatan protestas sin precedentes
Los problemas que el campo mexicano arrastra desde hace más de dos décadas han decidido, al parecer, presentarse todos juntos y a la vez. La puerta de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto rodeada por unas protestas agrarias que no se recordaban en los gobiernos de las últimas dos décadas. Una verdadera “tormenta perfecta”, como la describen algunos, que se fue gestando a fuego lento durante el sexenio anterior y que ha estallado este otoño, aprovechando una coyuntura que ha puesto a la mandataria en el foco de todas las críticas.
“Hoy se junta la comercialización de los productos, la ley del agua y la inseguridad en el transporte de carga. Eso exaspera más los ánimos. Y sobre todo influye la falta de voluntad política del Gobierno”, enumera Eraclio Rodríguez, uno de los líderes sindicales del Frente Nacional de Lucha por el Campo y la Democracia, que encabeza las manifestaciones. Son palabras que resuenan en miles de agricultores y ganaderos que sienten que sus esfuerzos y su trabajo se diluyen ante un panorama cada vez más sombrío.
La dura realidad de los precios y la competencia
Uno de los pilares fundamentales de estas protestas, y una queja recurrente en los últimos años, es la de los bajos precios de los productos agrícolas. A menudo, el coste de producción supera con creces el precio al que los agricultores pueden vender sus cosechas. “Es como si trabajaras y al final del día te pagaran menos de lo que gastaste en las semillas y el abono. ¿Quién puede seguir así?”, comenta María Elena, productora de hortalizas en el Estado de México, con una visible frustración en la voz.
La competencia desleal, muchas veces proveniente de productos importados con subsidios o producidos bajo condiciones laborales diferentes, también juega un papel crucial. Esto crea un campo de juego desigual donde el producto nacional, a menudo de mayor calidad y respeto por el medio ambiente, tiene dificultades para competir.
La sombra de la inseguridad sobre la cadena productiva
Pero la tormenta no solo se gesta en los surcos. La inseguridad ha llegado a las carreteras y ha puesto en jaque la cadena de suministro. El robo de cosechas directamente del campo, el asalto a camiones de carga que transportan alimentos, o el cobro de derecho de piso a los transportistas, se han convertido en una pesadilla diaria. Esto no solo genera pérdidas económicas directas, sino que también eleva los costos logísticos y, en última instancia, repercute en el precio final para el consumidor.
La falta de garantías para transportar los productos del campo a los mercados es un eslabón roto en una cadena que necesita funcionar sin interrupciones. “Te juegas la vida para producir tus alimentos, y luego temes que lleguen a su destino. El transporte seguro se ha vuelto un lujo inalcanzable para muchos”, lamenta un conductor de camión que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Un cambio de prioridades y la sensación de abandono
El cambio en las prioridades del Ejecutivo, o al menos la percepción de este, ha sido otro catalizador de la indignación. Si bien los gobiernos han tenido diferentes enfoques, las organizaciones campesinas sienten que en el sexenio anterior y en el actual, las políticas públicas no han puesto al sector primario en el centro de la agenda. La falta de inversión en infraestructura rural, programas de apoyo focalizados y una política de comercialización clara han alimentado la sensación de abandono.
La Ley de Agua, un tema sensible para el campo, también ha generado fricción. Las organizaciones argumentan que las nuevas disposiciones podrían afectar el acceso y uso del agua para la agricultura, un recurso vital que, según ellos, no ha sido debidamente considerado en su importancia para la seguridad alimentaria del país.
La búsqueda de soluciones y el camino a seguir
Eraclio Rodríguez insiste en que la clave para destrabar el conflicto está en la “voluntad política”. Pide un diálogo sincero y la apertura de canales de comunicación efectivos entre el gobierno y los representantes del campo. Las demandas van desde la revisión de precios de garantía para productos básicos, hasta medidas concretas para combatir la inseguridad en el transporte y una política agraria que revitalice el sector.
Las protestas del campo son un grito de auxilio, pero también una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer uno de los pilares de la economía y la soberanía nacional. Las soluciones, coinciden muchos, deben ser integrales y considerar la compleja realidad de quienes alimentan al país. El reto para la administración Sheinbaum es mayúsculo: reconducir una situación que lleva años gestándose y encontrar un camino de entendimiento y progreso para un sector que clama por ser escuchado y apoyado.