Abandono de adultos mayores podría acarrear cárcel: proponen penas más duras
Legisladores han reabierto el debate sobre sancionar con prisión el abandono de personas adultas mayores, una medida que busca poner peso penal donde hoy muchos ven impunidad. La propuesta, que suma iniciativas en el Congreso y en congresos locales, plantea agravar las penas cuando el abandono ponga en riesgo la vida o la salud de la persona mayor.
«La Conapred señala que millones de adultos mayores sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias», recuerda el diagnóstico que impulsa la iniciativa. Para quienes la promueven, endurecer la ley es una forma de proteger a quienes han quedado vulnerables; para la oposición y diversos especialistas, la cárcel sola no resolverá la raíz del problema.
El contexto es claro: México envejece y los sistemas de cuidado y seguridad social no crecen al mismo ritmo. De acuerdo con datos demográficos de INEGI y estimaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el maltrato y la negligencia a personas mayores son problemas frecuentes y muchas veces invisibilizados. La OMS, por ejemplo, advierte sobre la alta prevalencia del abuso y el abandono en este grupo poblacional.
¿Qué ganaría la sociedad con penas más duras? En teoría, un mayor efecto disuasorio y una vía judicial para casos graves. ¿Qué riesgos presenta? Convertir en delincuentes a familiares que, por pobreza o falta de apoyo institucional, han dejado de cubrir necesidades básicas. Criminalizar sin ofrecer alternativas de cuidado podría terminar castigando a la víctima dos veces: primero por la negligencia que sufre, luego por el quebranto de un núcleo familiar incapaz de sostenerlo.
En la discusión técnica aparecen puntos concretos que deberían acompañar cualquier reforma: fortalecer las pensiones no contributivas, ampliar programas de atención domiciliaria, crear protocolos de detección y protección en hospitales y centros de salud, y capacitar a procuradurías y policías para distinguir abandono intencional de falta de recursos.
Organizaciones civiles y especialistas en gerontología consultados señalan que una ley útil es la que combina sanciones proporcionales con inversión social. Poner a la cárcel a quien abandona a un adulto mayor por daño deliberado puede ser justo; pero sin un andamiaje de prevención, atención y reparación, la norma corre el riesgo de ser un gesto simbólico sin impacto real.
La pelota ahora está en la cancha legislativa. Mientras los diputados y las legislaturas locales discuten el texto, la sociedad civil puede presionar para que la iniciativa no se quede en la pura represión: exigir recursos, servicios y mecanismos eficaces de denuncia y protección. Porque una ley que no cuide la vida cotidiana de las personas mayores, por más castigos que imponga, deja a muchos a la intemperie.
Fuentes: Conapred, INEGI, Organización Mundial de la Salud.