Manglares de Celestún, al borde del abismo: profepa paraliza obras tras encontrar desmonte en 130.8 hectáreas
Celestún, Yucatán. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo de manera inmediata unas obras tras hallar un desmonte ilegal que afecta 130.8 hectáreas del predio San Isidro Miramar, dentro del corredor de manglares de Celestún, una zona reconocida por su valor ambiental y su importancia para la economía local.
La imagen es cruda: el verde que protegía la costa aparece cercenado como si le hubieran dado un tajazo al pulmón de la región. Autoridades federales aseguran que la acción fue detectada mediante inspección y peritajes en campo y que, por ahora, las maniobras en el sitio quedaron paralizadas mientras se elevan los procedimientos administrativos correspondientes.
| Datos clave | |
|---|---|
| Ubicación | Predio San Isidro Miramar, Celestún, Yucatán |
| Área afectada | 130.8 hectáreas |
| Acción de Profepa | Paralización de obras e inicio de procedimiento administrativo por daño ambiental |
| Riesgos | Pérdida de hábitat, reducción de especies, menor protección costera y afectación a pesca y turismo |
Qué está en juego
- La naturaleza como primer damnificado. Los manglares son viveros de peces y camarones, barrera ante marejadas y depósitos de carbono. Un desmonte masivo no solo mata árboles; erosiona medios de vida.
- Economía local bajo presión. Pescadores y guías turísticos dependen de la salud del estuario y de la presencia de aves como los flamencos. La pérdida de manglar reduce capturas y aleja visitantes.
- Riesgo ante huracanes. Sin manglar, la línea costera pierde amortiguamiento frente a tormentas; comunidades y caminos quedan más expuestos.
Responsabilidad y rendición de cuentas
Profepa informó la paralización de las obras y la apertura de expedientes administrativos, medidas que pueden incluir multas, aseguramiento de maquinaria y la obligación de restaurar la zona afectada. El marco legal federal contempla sanciones y la reparación del daño ambiental, pero en la práctica los procesos tardan y suelen entrar en disputa jurídica.
Vecinos y prestadores de servicios turísticos han pedido transparencia: quieren saber quién autorizó —o intentó hacerlo— el proyecto, qué permisos existen y qué empresarios están detrás del desmonte. La falta de información fomenta desconfianza y la sensación de que el territorio puede ser concesionado a intereses privados sin control.
Qué sigue
- Profepa debe completar los peritajes y notificar las sanciones; el caso podría derivar en multas y en la obligación de restauración ecológica.
- Es clave que autoridades estatales y federales publiquen los permisos y actividades en el predio para que la ciudadanía evalúe la legalidad del proyecto.
- La comunidad exige vigilancia permanente: comités ciudadanos y cámaras empresariales locales deben sumarse a la supervisión para evitar nuevos desmontes.
Una advertencia clara
El daño ya ocurrido no se borra con una clausura. Los manglares son resilientes, pero recuperarlos exige tiempo, dinero y voluntad política. Celestún es un icono ambiental y turístico de Yucatán; permitir que grandes extensiones sean taladas es jugar a la ruleta con el futuro de la región.
La paralización de obras es solo el primer capítulo. Ahora toca investigar, sancionar y reparar. Si no, el mar y la comunidad terminarán pagando la cuenta.