Plan de minerales críticos, la traición de Sheinbaum que deja a comunidades en la línea de fuego
Organizaciones denuncian que el documento no menciona derechos colectivos, salud, biodiversidad ni la crisis climática; lo califican como un acuerdo que ignora a las víctimas y entrega el país a la minería.
La colectiva Cambiémosla Ya y varias organizaciones civiles alertaron que el llamado plan de minerales críticos del gobierno federal representa «una traición» a las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según las agrupaciones, el documento no incluye garantías para los derechos colectivos de las comunidades, omite evaluaciones sobre la salud pública y el impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente. «Para este acuerdo no existen los derechos humanos ni consideración alguna de las zonas de sacrificio ni de la crisis climática», señaló la colectiva.
El choque es directo: durante la campaña y los primeros meses de gobierno, Sheinbaum habló de protección ambiental y consulta a pueblos originarios; ahora, para activistas y afectados, el plan prioritiza la extracción de minerales estratégicos (como litio y otros necesarios para la transición energética) sobre la vida de las comunidades.
¿Qué preocupa en concreto? Los señalamientos principales son claros y concretos:
- Sin reconocimiento de derechos colectivos: el plan no establece mecanismos claros para la consulta libre, previa e informada, tal como exige la Convención 169 de la OIT, según las organizaciones.
- Ausencia de garantías para la salud: no hay protocolos ni fondos para prevenir ni atender enfermedades vinculadas a la minería, como intoxicaciones por metales pesados o problemas respiratorios.
- Silencio sobre biodiversidad y territorio: no se identifican zonas de alto valor ecológico que queden protegidas ni se define cómo evitar fragmentación y pérdida de hábitats.
- Ignorar las «zonas de sacrificio»: el plan no afronta zonas ya afectadas por contaminación y desigualdad ambiental, fenómeno que la propia sociedad civil ha denunciado en varias regiones.
Para visualizar la crítica, las organizaciones elaboraron una lista de omisiones que, en su opinión, convierten el plan en un instrumento más favorable a intereses extractivos que a la gente:
| Elemento | Situación en el plan |
|---|---|
| Derechos colectivos y consultas | No especificados; ausencia de requisitos vinculantes |
| Salud pública | Sin medidas preventivas ni fondos disponibles |
| Biodiversidad y áreas protegidas | Falta de criterios para proteger zonas frágiles |
| Evaluación de impacto climático | No integrada de forma vinculante |
El contraste es evidente: por un lado, el gobierno argumenta que asegurar minerales críticos es necesario para la transición energética y la autonomía tecnológica; por otro, las organizaciones advierten que, sin reglas claras, la urgencia por esos minerales puede reproducir el modelo extractivo que ya ha dejado ríos contaminados, desplazamientos y pérdida de medios de vida en varias regiones del país.
Activistas y expertos han pedido medidas inmediatas y concretas, entre ellas:
- Suspender cualquier otorgamiento de permisos hasta que existan consultas vinculantes con los pueblos afectados.
- Incluir en el plan protocolos de salud, monitoreo ambiental independiente y reparación para comunidades afectadas.
- Definir y proteger zonas de alto valor ambiental y cultural para evitar la expansión de proyectos extractivos.
- Transparentar beneficiarios, concesiones y evaluaciones de impacto ambiental.
La discusión no es solo técnica: para muchas comunidades el asunto es vida o muerte. La historia reciente del país muestra que la minería, sin control, puede convertirse en una fábrica de enfermedades y pobreza. «Es como cambiar promesas por contratos», resume la crítica de la sociedad civil; metáfora que intenta explicar en términos cotidianos lo que, en el terreno, puede ser la pérdida de agua, tierra y salud.
El llamado ahora es doble: a la ciudadanía para informarse y exigir transparencia, y al gobierno para corregir el rumbo. Para la colectiva Cambiémosla Ya y otras organizaciones, el plan tal como está no solo incumple compromisos políticos sino que abre la puerta a nuevas «zonas de sacrificio». Piden que el documento sea revisado públicamente, con participación efectiva de comunidades y científicos independientes.
Qué sigue
El debate público continuará en las próximas semanas. Organizaciones anuncian movilizaciones y solicitudes formales de revisión. El gobierno, por su parte, tiene la oportunidad de demostrar que las promesas de protección ambiental y justicia social no eran solo retórica electoral. De lo contrario, subrayan los críticos, el plan de minerales puede quedar como la ficha que confirma una ruptura: la de una administración que prometió proteger y terminó entregando espacios clave al negocio extractivo.
Fuentes: colectiva Cambiémosla Ya; organizaciones civiles y redes ambientalistas que han denunciado omisiones en el plan (por ejemplo, redes como REMA y grupos de investigación social y ambiental); comunicados públicos del gobierno federal sobre política de minerales críticos.