¿Quién responde? 9 años después, más de 1,500 viviendas siguen pendientes
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2026. Nueve años después del sismo de 2017, la reconstrucción de la capital sigue siendo una promesa a medias: más de 1,500 viviendas permanecen sin concluir, según cifras que circulan entre autoridades locales y colectivos de damnificados. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo esta semana que las casas que están en proceso de construcción registran un avance superior al 60 por ciento, información difundida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México.
La frase de la mandataria busca mostrar movimiento, pero para muchas familias ese 60 por ciento es solo un número que no paga el alquiler, no devuelve el espacio donde criaron a sus hijos y no amortigua la angustia de vivir en lo provisional. Vecinos de distintas alcaldías recuerdan que mientras algunas unidades se levantan a cuentagotas, otras se estancan por trámites, disputas de tierras o falta de recursos, un laberinto burocrático que camina a paso de tortuga.
El balance oficial y la realidad en la calle no siempre coinciden. La Secretaría de Obras reporta avances en obras de cimentación y estructura en proyectos señalados como prioritarios, pero colectivos de damnificados y organizaciones sociales denuncian demoras en entrega de materiales, irregularidades en contrataciones y fallas en las consultas comunitarias. Esa tensión entre la versión institucional y la que sufren las familias es la principal grieta nueve años después del temblor.
La reconstrucción afectó la vida cotidiana de miles de personas: hogares repartidos entre casas compartidas con familiares, rentas temporales que se vuelven permanentes, escuelas cambiadas y empleos que se adaptan a la inestabilidad. Para quienes esperaron la entrega de sus nuevas viviendas, cada mes de retraso ha significado mayores costos, desgaste emocional y pérdida de confianza en las instituciones.
Las autoridades locales han argumentado limitaciones presupuestarias heredadas y problemas administrativos derivados del magnitude del desastre. No obstante, el ritmo de ejecución y la transparencia en el destino de los recursos continúan siendo reclamos recurrentes. La jefa de Gobierno subrayó el avance físico de las obras, pero no despejó del todo las dudas sobre tiempos de entrega ni sobre las familias que aún están alojadas en soluciones habitacionales provisionales.
En un país donde la vivienda es sinónimo de seguridad y la falta de ella expone a la gente a nuevas vulnerabilidades, la reconstrucción no puede limitarse a números en un comunicado. Requiere supervisión ciudadana, canales claros para la denuncia y programas sociales que mitiguen los impactos mientras las obras concluyen. La experiencia de estos nueve años muestra que, además de levantar estructuras, el Estado debe reconstruir confianza.
La pregunta que sigue en el aire y que retumba en colonias afectadas es simple y urgente: ¿quién responde por los retrasos y por el daño cotidiano que representan? Si la promesa es recuperar hogares dignos, las próximas decisiones deben priorizar la transparencia, la participación vecinal y calendarios verificables, para que la reconstrucción deje de ser una metáfora y vuelva a ser piso firme para las familias de la Ciudad de México.
Fuentes: declaraciones de Clara Brugada y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México; testimonios y demandas de colectivos de damnificados.