Programa federal de vivienda sin brújula: falta metodología para decidir dónde y cómo construir
Una experta advierte que sigue pendiente precisar ubicaciones, condiciones y garantías de servicios básicos en los proyectos
La ambición de entregar vivienda social choca con un problema básico: el gobierno federal aún no define una metodología clara que responda a tres preguntas esenciales. ¿Dónde se va a edificar? ¿Bajo qué condiciones urbanas y ambientales? ¿Cómo se garantizará que las casas tengan agua, energía y transporte? Esa es la advertencia de especialistas consultados por este periódico, que citan informes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y datos de INEGI y CONEVAL.
En lenguaje cotidiano: no sirve plantar viviendas como se siembran árboles en un campo sin revisar si hay tierra, sol y riego. Si la metodología no define criterios territoriales, se corre el riesgo de empujar a familias hacia la periferia, zonas de riesgo o asentamientos sin servicios. El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) ha señalado en estudios recientes que la expansión urbana desordenada reproduce desigualdad y encarece el acceso a transporte y empleo.
Fuentes de SEDATU consultadas reconocen que hay prioridades presupuestarias y programas piloto, pero admiten que la guía técnica prometida no se ha hecho pública con detalle. CONAVI, encargada de coordinar políticas de vivienda, ha publicado líneas generales, pero no la matriz de criterios que permita a las autoridades locales y a la sociedad civil evaluar proyectos con parámetros claros de selección de terrenos, impacto ambiental y obligación de dotar servicios básicos.
La ausencia de esa metodología tiene efectos concretos. Familias que reciben una vivienda pueden ver reducida su calidad de vida si no cuentan con agua potable permanente, drenaje, electricidad confiable o rutas de transporte que conecten con escuelas y empleo. CONEVAL y asociaciones civiles como Hábitat para la Humanidad México han alertado sobre la relación entre vivienda mal ubicada y la persistencia de la pobreza. Es una ecuación sencilla: vivienda aislada más falta de servicios equivale a mayor gasto familiar y menos oportunidades.
La experta consultada, vinculada al Colegio de la Frontera Norte, advierte además del riesgo ambiental. Sin criterios claros, se puede privilegiar terrenos baratos sobre suelos de recarga acuífera, humedales o laderas propensas a deslaves. La falta de coordinación entre SEDATU, las autoridades municipales y organismos de agua y medio ambiente convierte la política de vivienda en decisiones fragmentadas, como un rompecabezas cuyas piezas no encajan.
Existen soluciones prácticas y probadas. Informes de organismos internacionales y experiencias locales recomiendan priorizar rellenos urbanos, rehabilitación de áreas disponibles, integración de infraestructura básica desde el diseño y la firma de convenios con comités ciudadanos para supervisar obras. La transparencia en criterios de selección y el acceso público a la metodología permitirían controlar clientelismos y asegurar que el presupuesto público llegue a quienes más lo necesitan.
La recomendación recurrente entre académicos y organizaciones sociales es que SEDATU y CONAVI publiquen de inmediato la metodología, con criterios geográficos, socioeconómicos y ambientales concretos, así como indicadores verificables de provisión de servicios. También piden mecanismos de rendición de cuentas que involucren a gobiernos locales, a la sociedad civil y a usuarios.
En términos simples: no basta con entregar paredes y techo. Construir ciudad implica garantizar que las viviendas formen parte de un barrio con escuela, salud, transporte y agua. Si el Estado decide acelerar entregas sin reglas claras, corre el riesgo de reproducir las inequidades que pretende resolver. La pelota está ahora en la cancha de SEDATU y CONAVI; la ciudadanía y organizaciones como CONEVAL y Hábitat para la Humanidad México observan y piden claridad.
Los ciudadanos pueden exigir que la metodología sea pública, comprensible y sometida a consulta. Sin eso, las promesas de vivienda digna quedarán a merced de la improvisación y las familias pagarán el costo más alto.