Licitación de espectro 5G debe lanzarse en 2026 con precios competitivos para evitar un «año perdido»: The CIU
Ciudad de México. Tras aprobar su Plan Anual de Frecuencias, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene previsto abrir en 2026 una licitación de bloques claves para consolidar la red 5G en México. Expertos y operadores coinciden en un punto: si los precios del espectro no son competitivos, la subasta podría quedar desierta y el país perdería un año crucial para su avance digital.
La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, adelantó en noviembre que la licitación se lanzaría; fue un proceso que el antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dejó pendiente antes de su desaparición administrativa. Desde el sector privado, voces como Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados en The Competitive Intelligence Unit (The CIU), advirtieron a MILENIO que “sin espectro no hay 5G, ni avance”.
Por qué el espectro resulta caro
El problema es estructural. En México gran parte del precio del espectro está fijado por la Ley Federal de Derechos (LFD), lo que significa pagos anuales que no se ajustan a la realidad comercial de los operadores. Según especialistas, entre el 85 y el 90 por ciento del costo total del espectro viene determinado por esos derechos anuales, una proporción muy por encima de la práctica internacional.
Para ponerlo en perspectiva:
| Operador | Pago de derechos como % de ingresos |
|---|---|
| AT&T | 10.9% |
| Telcel | 3.9% |
El resultado ha sido directo: licitaciones que han quedado desiertas y empresas que han devuelto bloques antes que pagar derechos elevados. El caso de Telefónica ilustra la decisión empresarial de devolver espectro ante condiciones costosas y reducir exposición financiera en el país.
Riesgos para la cobertura y la economía
Si la licitación se frena otra vez, las consecuencias se sentirán en la vida cotidiana y la competitividad. El espectro es, en palabras sencillas, el terreno donde se levantan las redes móviles. Sin terreno, no hay casa: sin espectro, no hay 5G completo. Entre los efectos concretos están:
- Menor velocidad y calidad en servicios móviles: streaming, trabajo remoto y educación a distancia pueden resentirse.
- Retraso en servicios críticos: telemedicina, logística inteligente y ciudades conectadas.
- Menor inversión privada y pérdida de oportunidades para pymes que dependen de conectividad avanzada.
- Impacto en recaudación: como señala The CIU, más uso de telecomunicaciones genera más ingreso fiscal; por tanto, el gobierno tiene incentivos en facilitar el despliegue.
Qué piden los especialistas
Desde The CIU, Ernesto Piedras ha pedido que el nuevo regulador obligue a la Secretaría de Hacienda a reducir los derechos por espectro y ofrezca incentivos a los operadores. “Hacienda es quien gestiona los recursos, pero quien debe saber qué precio asignar es el regulador”, dijo Piedras.
Por su parte, Juan Francisco Torres Landa, socio especializado en telecomunicaciones en Hogan Lovells, subraya la necesidad de que la licitación sea transparente y diseñada para que participen actores grandes y pequeños. La apertura y reglas claras reducen la incertidumbre y elevan la confianza de los potenciales postores.
Medidas prácticas que podrían evitar un año perdido
Las propuestas que se repiten entre reguladores y analistas son concretas y aplicables:
- Reducir o reestructurar los derechos de la LFD que encarecen el espectro; introducir fórmulas vinculadas a mercados y ocupación efectiva.
- Ofrecer mecanismos de pago diferido o en cuotas para bloques caros, sobre todo para bandas que requieren inversión alta en despliegue.
- Reservar bloques para operadores regionales o nuevos competidores, fomentando mayor competencia y cobertura rural.
- Diseñar paquetes multi-banda y condiciones técnicas flexibles para permitir soluciones más eficientes.
- Garantizar procesos transparentes, con plazos claros y participación pública para evitar dudas legales que frenen la inversión.
Un llamado a la coordinación
La lección es que la decisión no solo le corresponde a la CRT. Hacienda, el regulador y la industria deben coordinar políticas. Si el espectro se subasta a precio de lujo, la respuesta privada puede ser simplemente no participar. AT&T ya advirtió que no entrará si los precios no son competitivos, lo que haría más palpable el riesgo de una licitación desierta.
El contexto macroeconómico complica aún más la ecuación. Ernesto Piedras advierte que la debilidad económica nacional e internacional puede afectar la capacidad de inversión del sector en 2026. Además, cambios regulativos como el registro obligatorio de líneas móviles podrían moderar el crecimiento de usuarios, que en años recientes fue uno de los motores del sector.
Qué implica para la ciudadanía
Cuando el Gobierno y los reguladores hablan de “espectro” a veces suena lejano. En realidad, hablamos de la diferencia entre navegar con fluidez o sufrir interrupciones; entre cirugías guiadas por red y consultas médicas limitadas; entre empresas que aprovechan 5G para innovar o que se quedan atrás. Es una decisión técnica con consecuencias prácticas para empleo, educación y acceso a servicios.
La billetera del Estado también está en juego: menos uso y menor inversión implican menos recaudación futura. Por eso varios expertos sostienen que conviene ver el espectro como una inversión colectiva, no solo como una fuente inmediata de ingresos por derechos.
Conclusión
La licitación de espectro 5G prevista para 2026 es una oportunidad y un punto de riesgo. Si se diseña con precios y condiciones competitivas, puede acelerar la adopción de 5G, cerrar brechas digitales y atraer inversión. Si no, existe el peligro real de repetir errores del pasado y perder un año clave para el desarrollo tecnológico del país. La decisión final dependerá de políticas públicas claras, coordinación entre autoridades y un diseño de subasta que invite a participar en lugar de ahuyentar.