El legado de Gertz Manero en la FGR: ni una sentencia contra políticos o empresarios de alto nivel
La Fiscalía General de la República (FGR) bajo el mando de Alejandro Gertz Manero ha estado en el ojo del huracán durante años, y no es para menos. Las expectativas eran altísimas cuando se anunció su nombramiento, especialmente con la promesa de combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, al revisar los expedientes más sonados, salta a la vista una realidad que genera serias dudas: a pesar de las sonadas detenciones y las acusaciones que cimbraron al país, el saldo final en cuanto a sentencias firmes contra figuras políticas y empresariales de alto calibre es, hasta ahora, desolador.
Casos emblemáticos que terminaron en la nada
Recordemos algunos de los casos que capturaron la atención nacional y que parecían ser la punta de lanza de una justicia implacable. La detención de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por su presunta implicación en la «Estafa Maestra», o la extradición y posterior proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht, generaron una ola de esperanza. Se hablaba de un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la justicia parece haber tomado un camino tortuoso para estos casos.
En el caso de Rosario Robles, tras meses de prisión preventiva, el camino legal se complicó hasta lograr una salida alterna a través de un criterio de oportunidad, lo que significó no pisar la cárcel pero tampoco una condena definitiva por los delitos imputados. Algo similar, y quizás aún más frustrante para la opinión pública, ocurrió con Emilio Lozoya. A pesar de las pruebas presentadas y su extradición desde España, el proceso ha estado plagado de acuerdos y amparos que han dilatado hasta el infinito la posibilidad de una sentencia.
La lista de figuras prominentes que han pasado por los tribunales sin enfrentar la justicia de manera contundente es larga. El empresario Alonso Ancira, conocido como «El Rey del Acero», quien enfrentaba señalamientos por la compraventa de la planta de chatarra de Altos Hornos de México, también vio su proceso desvanecerse en acuerdos y no en una sentencia condenatoria. Y qué decir del abogado Juan Collado, figura clave en complejos entramados financieros y con presuntos vínculos en la esfera política, cuyo caso también ha navegado entre tribunales y recursos legales sin llegar a una conclusión penal firme.
El laberinto judicial y la percepción de impunidad
¿Qué sucede cuando las acusaciones son graves, los detenidos son figuras públicas y los procesos se alargan hasta el punto de la prescripción o la salida alterna sin condena? La respuesta es sencilla y dolorosa: se siembra la percepción de impunidad. Es como ver a un equipo de fútbol anotar un gol espectacular, pero que el árbitro, por alguna razón inexplicable, lo anula. La gente se queda con la frustración y la sensación de que las reglas del juego no son las mismas para todos.
Las herramientas legales, como los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios o los amparos, existen y son legítimas dentro de un sistema de justicia. Sin embargo, cuando su aplicación recurrente en casos de alto impacto parece liberar a los acusados sin una sanción que repare el daño a la sociedad, la pregunta es inevitable: ¿está funcionando el sistema como debería? Para el ciudadano común, que ve cómo pequeñas faltas pueden tener consecuencias rápidas, este contraste es desconcertante. Es como si para los poderosos, la balanza de la justicia se inclinara a su favor, permitiéndoles navegar por un laberinto de tecnicismos legales hasta encontrar una salida.
El reto de consolidar un legado de justicia
El tiempo de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR está llegando a su fin, y es fundamental hacer un balance honesto. La construcción de un legado de justicia no se mide solo por el número de detenciones, sino por las sentencias obtenidas, por la reparación del daño y, sobre todo, por la confianza que se genera en la ciudadanía. Cuando los casos más visibles no concluyen con una condena firme para quienes se presume cometieron delitos graves, se debilita la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El reto para las futuras administraciones de la FGR será enorme. No bastará con presentar acusaciones espectaculares. Será necesario dominar el arte de la investigación, la argumentación jurídica y, sobre todo, de perseverar en los procesos hasta agotar todas las instancias legales, garantizando siempre el debido proceso. La justicia, para ser efectiva, debe ser no solo rápida sino también contundente, especialmente cuando se trata de quienes han ostentado el poder y la influencia. De lo contrario, el eco de los casos sin sentencia seguirá resonando, alimentando la desconfianza y la sensación de que, en México, la impunidad sigue siendo una sombra persistente sobre el camino hacia la justicia.