Sheinbaum acusa injerencia extranjera y dice que sinaloa decidirá su propio futuro
En gira por Culiacán afirmó que «la injerencia extranjera genera violencia» y llamó a reafirmar la soberanía; expertos y colectivos piden datos y medidas claras
En Culiacán, durante una gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que «la injerencia extranjera genera violencia» y recalcó que el futuro de Sinaloa lo decide México. La declaración, reportada por medios como El Universal y Reforma, buscó poner el acento en la defensa de la soberanía frente a actores externos, pero abrió preguntas sobre qué entiende el gobierno por injerencia y qué acciones concretas acompañarán el discurso.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que Sinaloa sigue entre los estados con mayores tasas de homicidio y violencia vinculada al crimen organizado. Para organizaciones civiles como Causa en Común y Fundar, la violencia no se explica únicamente por fuerzas externas: también hay factores locales como desigualdad, ausencia de inversión social y fallas en procuración de justicia.
La advertencia sobre injerencia exterior remite a varias dimensiones: tráfico de armas, redes financieras internacionales, demanda de drogas en otros países y, en algunos discursos políticos, la influencia geopolítica. Sin embargo, especialistas consultados por este periódico subrayan la necesidad de pruebas y de medidas específicas. «Afirmar que la violencia proviene de afuera sin presentar información concreta no resuelve la vida cotidiana de quienes sufren la inseguridad», señala un investigador en seguridad pública.
En el terreno, comerciantes y familias de Culiacán muestran escepticismo. Señalan que lo urgente son obras, empleos y policías mejor capacitados y pagados. Ese reclamo choca con la retórica soberanista: la promesa de decidir internamente sobre el futuro estatal debe traducirse en programas de prevención del delito, transparencia en compras públicas y coordinación internacional con criterios técnicos, no solo en consignas.
El gobierno federal, según fuentes en Presidencia, apuesta a combinar política social con acciones en seguridad. Pero falta claridad sobre cómo se confrontarán flujos de armas o dinero ilícito, y qué acuerdos con otros países se plantean privilegiar. La comunidad académica sugiere auditar colaboraciones internacionales, publicar evidencia sobre trafico de armas y fortalecer la inteligencia financiera.
Si la intención es cerrar la puerta a injerencias reales, el discurso debe ir acompañado de datos verificables y de políticas que beneficien la vida cotidiana: inversión en educación, salud mental, programas de empleo local y justicia accesible. De lo contrario, el mensaje de soberanía puede quedar en un eslogan que no detiene balaceras ni restitute la seguridad perdida en barrios y mercados.
El reto para Sheinbaum y su gabinete en Sinaloa será demostrar, con hechos y cifras, que la soberanía se ejerce cuidando a las personas y no relegando la responsabilidad a causas externas. Este medio seguirá documentando las respuestas oficiales y la percepción ciudadana en la región.