Castillo acusa al INE de claudicar ante campaña anticipada
Ciudad de México. El consejero Arturo Castillo aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha “claudicado en su función de arbitrar” al no frenar actos anticipados de campaña que, dijo, ya se multiplican en distintos estados y municipios. La denuncia fue formulada durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde Castillo pidió medidas más contundentes para preservar la equidad electoral.
Las palabras del consejero apuntan al corazón de una preocupación ciudadana: cuando la autoridad encargada de garantizar reglas claras mira hacia otro lado, la competencia se vuelve desigual y la política se transforma en un ruido donde gana el que más recursos y exposición acumula. Castillo sostuvo que la inacción del INE alimenta la percepción de impunidad y erosiona la confianza en las instituciones.
En la práctica, los actos anticipados se traducen en mensajes cotidianos que favorecen a ciertos actores: inauguraciones que parecen mítines, apariciones continuas en medios y redes con tono proselitista, y el uso de programas públicos con fines electorales. Para los ciudadanos, el resultado es claro: menos información útil sobre propuestas y más exposición recurrente de quienes ya cuentan con prebendas de posicionamiento.
La crítica de Castillo no es una bronca retórica. Señala una falla institucional con efectos concretos: ventaja indebida para algunos contendientes, desincentivo de la participación de candidatos emergentes y una campaña que llega a decidirse fuera de los tiempos oficiales. Según el consejero, las herramientas del INE —desde sanciones hasta la fiscalización de spots y redes— no se han aplicado con la prontitud ni la contundencia necesarias.
Autoridades electorales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el propio INE tienen mecanismos para sancionar y ordenar rectificaciones. Sin embargo, Castillo urgió a que esos mecanismos funcionen de manera coordinada y transparente, con plazos cortos y sanciones ejemplares cuando se acredite la vulneración de la norma. El consejero también pidió mayor claridad en los criterios para identificar actos anticipados, para evitar discrecionalidades y consolidar la confianza pública.
Desde una mirada crítica pero constructiva, el centro del reclamo es político y técnico a la vez: se trata de aplicar la ley sin temores y de reforzar la comunicación con la ciudadanía para que entienda qué conducta rompe la equidad. Castillo propuso medidas prácticas: vigilancia más intensa de publicidad en redes, protocolos de actuación expuestos públicamente y coordinación con fiscalías locales cuando haya uso indebido de recursos públicos. Todo ello, según él, para recuperar la capacidad del INE de arbitrar con autoridad.
Organizaciones civiles y observadores han repetido en los últimos años que la percepción de parcialidad o debilidad institucional desanima al electorado y abre espacio para operadores que usan recursos y máquina pública para ganar ventaja. En ese sentido, la voz de Castillo se suma a llamadas previas para reforzar la independencia y la capacidad sancionadora del instituto.
La respuesta del INE a las críticas será clave. Si opta por explicaciones técnicas y demoras en actuaciones, la sensación de claudicación puede profundizarse. Si, por el contrario, actúa con celeridad, transparenta procesos y aplica sanciones proporcionales y visibles, puede detener el desgaste y devolver a la ciudadanía señales de que las reglas del juego valen para todos.
En un país donde la política influye en la vida cotidiana —empleo, salud, educación—, permitir que la competencia se incline por prácticas anticipadas es doblemente dañino: no solo altera la contienda, sino que empobrece el debate sobre políticas públicas que afectan el bienestar colectivo. Como dijo Arturo Castillo en la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), se trata de decidir si la autoridad será árbitro o espectador. La elección, por ahora, está abierta y la ciudadanía merece respuestas claras.