Paraguay en crisis: intervención bancaria bloquea ahorros y peña detenido

Asunción — La intervención del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank desató esta semana una crisis que ya tiene a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y a las calles llenas de protestas. La medida, anunciada por el propio Banco Central del Paraguay como un acto de “protección del sistema financiero”, coincide con la destitución del expresidente Santiago Peña por el Senado y su posterior prisión preventiva, según comunicados de la Fiscalía General del Estado.

La escena es la de siempre en tiempos de quiebras: largas filas en cajeros y sucursales, comercios que no pueden cobrar transferencias, jubilados que no reciben sus haberes. Fuentes consultadas por ABC Color y reportes del propio Banco Central señalan que la suspensión del servicio ha afectado tanto a cuentas corrientes como a depósitos a la vista, paralizando la rutina económica de barrios enteros.

“No tengo para comprar las medicinas de mi esposa”, dice una docente jubilada que esperó horas frente a una sucursal, según testimonios recogidos por Última Hora. Para pequeñas y medianas empresas la interrupción es una asfixia: proveedores exigen pagos, nóminas quedan pendientes y se reduce la capacidad de compra de familias que ya viven con lo justo.

El Banco Central defendió la intervención como necesaria para “garantizar la estabilidad del sistema” y anunció auditorías y un plan de contingencia. La Fiscalía, por su parte, confirmó investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión del banco que conectan con redes de influencias políticas, y el Senado votó la destitución de Peña por supuestos vínculos con esas irregularidades.

El golpe para la confianza es profundo. El sistema financiero no solo administra dinero; sostiene empleos, pensiones y la posibilidad de que un pequeño comercio reciba una transferencia a tiempo. Cuando la caja se cierra sin explicaciones claras, la fragilidad social aflora. Organizaciones sociales y sindicatos exigen transparencia, protección inmediata para pensionados y un mecanismo público que garantice el acceso mínimo a fondos esenciales.

Críticos de la gestión regulatoria señalan fallas históricas: supervisión débil, normas que favorecen opacidades y una respuesta tardía ante señales de riesgo. Desde la izquierda crítica y sectores ciudadanos se reclama además la creación o fortalecimiento de un seguro de depósitos real y de mecanismos que obliguen a las autoridades a rendir cuentas con más rapidez y claridad.

La situación política agrava la crisis. La prisión preventiva de peña, confirmada por el Senado y anunciada por la Fiscalía, convierte el caso en un nudo político que complica cualquier salida técnica. Los defensores del expresidente alegan persecución política; sus detractores piden que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, sin atajos.

En medio de la incertidumbre, la urgencia es proteger a la gente. El Banco Central y la Fiscalía deben ofrecer datos públicos y cronogramas claros; el Congreso tiene la responsabilidad de legislar soluciones que eviten que cientos de miles vuelvan a quedar desprotegidos. Si la política falla, la ciudadanía pagará la cuenta.

Reporta: equipo de investigación, con información del Banco Central del Paraguay, la Fiscalía General del Estado y medios locales como ABC Color y Última Hora.

Con información e imágenes de: France 24