“Escuché un poco de justicia pero aún falta”, dice la hija de Ernestina Ascencio
La familia de Ernestina Ascencio pidió ayer que la investigación sobre su muerte sea reabierta por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por autoridades estatales, una condición que, según su representación legal, es indispensable para garantizar independencia y exhaustividad en las indagatorias.
La hija de Ernestina —quien desde hace años busca respuestas sobre lo ocurrido a su madre— dijo que ha sentido movimientos hacia la justicia, pero que lo logrado hasta ahora no borra la falta de cuentas claras. “Escuché un poco de justicia, pero aún falta”, afirmó en una breve intervención en la que reclamó medidas concretas, no gestos.
La petición de la familia se apoya en dos preocupaciones centrales: primero, que la investigación estatal carezca de autonomía frente a posibles intereses locales; y segundo, que la complejidad del caso requiere recursos forenses, acceso a archivos y colaboración interinstitucional que solo la FGR puede ofrecer a escala federal. La representación legal de la familia argumenta que la intervención federal reduciría el riesgo de omisiones y de conflicto de interés.
Por respeto a la memoria de la víctima y a la exigencia de la familia, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado la importancia de que las investigaciones de violaciones graves de derechos humanos no dependan únicamente de las fiscalías locales. En su lugar, proponen un modelo donde la FGR coordine peritajes independientes, garantice la custodia de pruebas y agilice la protección de testigos.
Qué piden la familia y sus abogados
- Que la FGR asuma la investigación como titular del caso y no la fiscalía estatal.
- Acceso a expedientes y archivos, incluidos los que estén en poder de dependencias federales o militares.
- Peritajes independientes y, si es necesario, la participación de expertos externos en medicina forense.
- Medidas de protección para testigos y familiares que aporten información.
- Transparencia en el avance de las diligencias y mecanismos de rendición de cuentas.
La reapertura federal, explican especialistas consultados por este diario, no garantiza por sí sola el éxito, pero sí mejora las condiciones técnicas y jurídicas para una investigación más exhaustiva. Entre los retos aparecen la localización de pruebas, el estado de conservación de evidencias antiguas y la posibilidad de que documentos relevantes estén dispersos entre distintas instancias.
Hasta la publicación de esta nota, las autoridades estatales implicadas no habían emitido una respuesta pública precisa sobre la solicitud de la familia. La ausencia de una réplica oficial ha aumentado la desconfianza y reforzado la narrativa de que los casos locales, sobre todo cuando involucran a fuerzas del Estado, requieren un escrutinio exterior.
El reclamo de la hija de Ernestina no es solo un pedido de justicia por un hecho puntual: es también una demanda por reglas claras de investigación, por el derecho de las familias a saber y por la necesidad de que las instituciones públicas recuperen confianza social. Como metáfora, lo que piden es que la luz llegue hasta el fondo de un pozo oscuro; saben que una linterna estatal puede alumbrar la orilla, pero necesitan que alguien suba a ver el fondo.
La familia espera que la FGR responda a su solicitud y que, si acepta el caso, se establezcan plazos y mecanismos de información pública sobre los avances. “Queremos verdad y garantías de que esto no quede en palabras: que se hagan las diligencias necesarias y que se dé seguimiento”, concluyó la hija, recordando a la sociedad que, detrás de cualquier expediente, hay personas que llevan años esperando respuestas.