Investigan a Dámaso Castro por presuntos nexos criminales y posible vínculo en homicidio del exrector

Culiacán.— La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó esta semana la apertura de diligencias contra Dámaso Castro Saavedra por presuntos nexos con grupos criminales y su posible relación con el homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén, según informó la propia dependencia y reportes de medios locales como Noroeste y El Debate.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la investigación busca detallar la participación de Castro Saavedra en una red que habría facilitado actividades ilícitas en la región. Las autoridades han señalado que las indagatorias incluyen llamadas, movimientos de recursos y posibles vínculos con personas directamente implicadas en el atentado contra Héctor Melesio Cuén, figura pública de Sinaloa conocida por su paso por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Las acusaciones permanecen en la categoría de presuntos delitos. La Fiscalía subraya que se trata de actos en investigación y que corresponde al Ministerio Público y a los jueces determinar responsabilidades con base en pruebas. No obstante, el caso vuelve a poner en el centro el debate sobre la impunidad y la debilidad institucional en el estado.

El homicidio de un exrector trasciende lo individual: golpea a la academia, a la comunidad universitaria y al tejido social. Para entenderlo en términos sencillos, es como si un árbol fuerte del parque público fuera talado sin explicación: quedan raíces que corren el riesgo de pudrirse si nadie limpia el espacio. La exigencia ciudadana, recogida por Noroeste, apunta a que las autoridades actúen con transparencia y rapidez para evitar que la incertidumbre se convierta en normalidad.

Organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores han pedido a la Fiscalía que haga públicas las líneas de investigación y que se garantice la protección de testigos y de cualquier servidor público que colabore. El Debate informó que familiares de la víctima exigen justicia y resultados concretos, no solo comunicados oficiales.

Este caso vuelve a mostrar cómo la violencia y la presunta penetración del crimen en espacios públicos erosionan servicios básicos y la confianza. Cuando actores con posibles conexiones ilícitas rondan estructuras educativas o administrativas, la respuesta del Estado no puede ser tibia: la sociedad merece explicaciones y medidas que prevengan nuevas tragedias.

Más allá del nombre de quien ahora está investigado, el reto es institucional. La Fiscalía, cuyo trabajo ha sido criticado en ocasiones anteriores por demora y falta de resultados efectivos, tiene la oportunidad de demostrar independencia y eficacia. El Estado debe evitar convertirse en un espectador mientras crecen las sospechas.

La investigación sigue su curso. Los ciudadanos, la comunidad universitaria y los familiares esperan que las autoridades presenten pruebas ante un juez y que, si corresponde, se ejerza la acción penal. Mientras tanto, la exigencia es clara: más transparencia, mayor protección a testigos y una política pública que recupere la tranquilidad de las comunidades afectadas.

Fuentes: Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Noroeste, El Debate.

Con información e imágenes de: informador.mx