Fiscalía pide prisión preventiva para Santiago Peña tras colapso de Ueno Bank
Asunción, 7 de noviembre de 2026.
La Fiscalía General del Estado imputó al recientemente destituido presidente Santiago Peña por los delitos de abuso de confianza y administración en beneficio propio, tras el colapso de Ueno Bank que dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros. El Ministerio Público solicitó además prisión preventiva para Peña y para el extitular del Banco Central del Paraguay, en el marco de una investigación que, según la Fiscalía, busca determinar responsabilidades penales por la gestión que precipitó el derrumbe financiero.
Según el comunicado de la Fiscalía, las imputaciones se basan en irregularidades administrativas y decisiones que habrían favorecido intereses particulares por encima del interés público. Es la primera vez en la historia reciente del país que una acusación de esta magnitud alcanza al jefe del Ejecutivo saliente y a un exfuncionario del banco regulador.
El colapso de Ueno Bank dejó a miles de familias con cuentas bloqueadas, pagos pendientes y pensiones retenidas. Para muchos, describir la situación es hablar de confianza rota: “Es como despertarse y descubrir que el colchón donde guardabas los años se ha vuelto polvo”, dijo a este diario una empleada de servicios sociales que ayuda a afectados por la crisis. La Fiscalía sostiene que la magnitud del daño social y económico justifica medidas cautelares robustas.
Expertos consultados por este periódico recuerdan que la supervisión del sistema bancario y la transparencia en las decisiones ejecutivas son esenciales para evitar que problemas puntuales escalen hasta causar una crisis sistémica. El Banco Central del Paraguay, como regulador, está señalado en las actuaciones preliminares; la Fiscalía busca probar si hubo omisión dolosa o actuación concertada con ejecutivos de Ueno Bank.
El proceso judicial continuará en sede penal, donde un juez deberá decidir si hace lugar a la prisión preventiva solicitada. Desde el punto de vista práctico, la medida busca garantizar que los imputados no obstaculicen la investigación ni dispongan de activos que puedan diluirse mientras se tramita el caso.
Más allá de la envergadura penal, lo que está en juego es la reparación de daños y la reconstrucción de la confianza pública. La Fiscalía, al presentar cargos y pedir detenciones, envía una señal clara: la rendición de cuentas también alcanza a quienes ocuparon los escalones más altos del poder. Para muchos ciudadanos, sin embargo, la prioridad inmediata es recuperar accesos a fondos y recibir protección frente a desalojos, cortes de servicios y otras consecuencias sociales.
Organizaciones de la sociedad civil y representantes de consumidores han pedido al Ministerio Público y a la Justicia que el proceso avance con celeridad y transparencia. Analistas señalan la necesidad de reformas concretas en la supervisión financiera y mecanismos de protección para pequeños ahorrantes, medidas que deberían discutirse en el debate público mientras la investigación penal sigue su curso.
La Fiscalía General del Estado figura como fuente principal de las imputaciones; el Banco Central del Paraguay y otras instancias involucradas aún no han emitido declaraciones públicas concluyentes sobre las acusaciones. El país observa con atención cómo la justicia define responsabilidades y pasos para reparar a quienes perdieron algo más que dinero: la seguridad de su futuro inmediato.