Cisjordania en ruinas: familias palestinas expulsadas y sin garantías de retorno, alerta la ONU
Madres que han perdido a sus hijos, barrios vacíos y más de 33.000 personas desplazadas en el norte. Un informe de Naciones Unidas advierte sobre riesgos de crímenes de lesa humanidad y una posible limpieza étnica.
Las calles de varias localidades del norte de Cisjordania muestran hoy lo que queda después de meses de violencia: casas vacías, tiendas cerradas y campos abandonados. Familias enteras han tenido que huir dejando atrás muebles, documentos y recuerdos familiares. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 33.000 palestinos siguen desplazados en la zona, un número que refleja no solo episodios puntuales de violencia sino una dinámica sostenida que erosiona la vida cotidiana.
El último informe de Naciones Unidas, citado por la Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, no se limita a describir daños materiales. Advierte sobre patrones de actuación que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y plantea la posibilidad de una limpieza étnica si no hay medidas claras para proteger a la población y garantizar el retorno. Esa advertencia, rara y grave, obliga a examinar decisiones políticas, operativos militares y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
Detrás de los datos hay historias humanas que son difíciles de contar sin romper el habla. Madres que perdieron a sus hijos en enfrentamientos o ataques, padres que no pueden volver a la casa donde crecieron, comunidades agrícolas que ven sus tierras tomadas o inaccesibles. La pérdida de acceso a servicios básicos agrava la emergencia: escuelas cerradas, centros de salud sobrecargados y cortes en el suministro de agua y electricidad en áreas afectadas.
La respuesta internacional ha sido variada. Algunas instituciones humanitarias han aumentado la asistencia, pero organizaciones locales alertan que la ayuda llega a cuentagotas y que no aborda la raíz política del problema. Naciones Unidas insiste en la necesidad de nuevos mecanismos de protección y de investigación independiente para documentar posibles violaciones del derecho internacional. Por su parte, autoridades israelíes argumentan que sus acciones responden a razones de seguridad, una explicación que no exime la obligación de acatar normas internacionales y proteger a la población civil.
El impacto en la vida cotidiana es tangible. Familias que antes vivían de la agricultura ven cómo su principal fuente de ingresos desaparece cuando las tierras quedan inaccesibles. Niños que apenas comienzan la escuela enfrentan interrupciones continuas, con efectos duraderos en su educación y salud mental. Las rutas de acceso a mercados y hospitales se han vuelto peligrosas, transformando pequeños trayectos en riesgos.
Ante este panorama, voces de la sociedad civil demandan medidas concretas: corredores humanitarios, acceso sin restricciones para la ayuda, investigaciones independientes supervisadas por la ONU y garantías reales de protección para las comunidades desplazadas. También piden apoyo a programas de reconstrucción y a iniciativas educativas y de salud que permitan que la vida tenga continuidad donde hoy reina la incertidumbre.
Si la comunidad internacional quiere evitar que el daño sea irreversible, debe moverse más allá de la condena verbal. Las cifras de OCHA y las conclusiones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos obligan a traducir la alarma en acciones: protección efectiva, responsabilidades claras y políticas que permitan a las familias palestinas volver a casa o reconstruir su vida donde ahora solo hay ruinas.
Fuente: Naciones Unidas (OCHA y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos).