Exregidora alerta: sentencia contra exedil de Tlalnepantla por violencia política de género sigue sin ejecutarse
“La sentencia reconoce la violencia política en mi contra, pero la justicia no se materializa si las medidas no se aplican”, afirmó Elpidia Torres Ramírez, exregidora de Tlalnepantla, en una declaración pública en la que exigió la ejecución inmediata de las sanciones ordenadas en su favor.
La resolución judicial que reconoce la existencia de violencia política de género contra Torres Ramírez obliga a autoridades a aplicar medidas de reparación y garantizar no repetición. Sin embargo, la exregidora sostiene que, meses después del fallo, las disposiciones siguen en el papel y la impunidad amenaza con convertir el pronunciamiento en letra muerta.
El caso vuelve a encender el debate sobre la eficacia de los mecanismos para erradicar la violencia política contra las mujeres en el país. Para muchas mujeres que denuncian abuso de poder, una sentencia es apenas el primer paso; el verdadero termómetro es su cumplimiento efectivo.
Qué ordena la sentencia (según la demandante)
- Reparación del daño, simbólica y material.
- Sanciones al exedil implicado y restricciones para ejercer cargos públicos.
- Medidas de no repetición: capacitaciones, protocolos municipales y vigilancia institucional.
Torres Ramírez pidió a las autoridades municipales y a los órganos electorales y jurisdiccionales responsables que publiquen un plan de ejecución con plazos claros y resultados verificables. “No basta con una sentencia para la foto; hace falta voluntad institucional para que el fallo signifique un cambio real”, dijo.
| Medida | Situación (según la exregidora) |
|---|---|
| Reparación del daño | Pendiente |
| Sanción política/administrativa al exedil | Pendiente |
| Protocolos y capacitación municipal | Parcial o sin evidencias públicas |
Expertos en derechos políticos consultados por este medio (academias y activistas por la paridad y la no violencia política) advierten que los vacíos en la ejecución de sentencias dañan la confianza ciudadana: “Cuando los fallos no se aplican, se envía la señal de que la violencia política tiene escasas consecuencias y eso desincentiva la participación pública de las mujeres”, explica una abogada especializada en género.
Desde una óptica ciudadana, la disputa no es solo jurídica, es política y social: las sentencias que reconocen violencia de género buscan reparar a la víctima y, sobre todo, prevenir que los agresores repitan conductas y que otros cargos públicos normalicen la violencia.
Elpidia Torres Ramírez convocó a organizaciones civiles, medios y ciudadanía a vigilar la implementación y a exigir transparencia en los plazos. “La justicia que no se ve no transforma”, dijo, y volvió a pedir que la sentencia se convierta en acciones concretas.
Este medio permanecerá atento a la respuesta de las autoridades municipales y de los órganos encargados de supervisar la ejecución de sentencias para documentar avances o la persistencia de la impunidad. La exigencia de Torres no es un reclamo personal: es un llamado para que la ley tenga dientes y la democracia deje de permitir que la violencia política siga sin castigo.