Paro nacional del Poder Judicial deja en el limbo trámites por nueva evaluación
Ciudad de México, 6 de noviembre. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron hoy un paro nacional en rechazo a un nuevo esquema de evaluación que, aseguran, pone en riesgo su estabilidad laboral y prioriza cifras por encima de la calidad del servicio público. La medida, informaron representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ha provocado la suspensión de audiencias, la reducción de atención en ventanillas y retrasos en la resolución de expedientes en distintos estados.
El conflicto enfrenta dos narrativas. Por un lado el sindicato sostiene que el nuevo modelo de evaluación, impulsado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), impone indicadores rígidos sin atender las condiciones reales de trabajo, las diferencias entre tribunales y la carga de casos complejos. Según el sindicato, la evaluación podría derivar en sanciones, traslados y precarización del empleo, lo que alimentó la convocatoria al paro.
Por otro lado el CJF defiende la iniciativa como un intento de introducir más transparencia y eficiencia en la administración de la justicia. Fuentes del Consejo han dicho que la evaluación busca medir resultados, reducir rezago y asegurar recursos donde más se necesitan. El choque entre exigencia de rendición de cuentas y garantías laborales, sin embargo, quedó a la vista desde la mañana, cuando largas filas de usuarios se formaron fuera de juzgados y mesas de atención.
Para la ciudadanía las consecuencias son concretas. Personas que esperan audiencias civiles o penales, solicitantes de amparos y pensionados que requieren trámites administrativos se ven obligados a posponer trámites clave. «Vine por un recurso para mi pensión y me dijeron que hasta nuevo aviso no hay atención», contó en un pasillo una usuaria de la Ciudad de México, testimonio recogido por este diario.
La escena recuerda a una sala de emergencia donde las camillas esperan pacientes: los expedientes no avanzan y quienes dependen de una resolución quedan en espera. Esto tiene impacto directo en derechos y en la vida económica de sectores vulnerables, desde jubilados hasta pequeñas empresas que buscan medidas cautelares.
Analistas consultados por este periódico señalan que la discusión debería pasar por la mesa de negociación pública y transparente. Un sistema de evaluación no es en sí negativo si va acompañado de recursos, capacitación y criterios ajustados a realidades locales. Lo contrario es arriesgar la confianza en el servicio público y convertir indicadores en un mecanismo punitivo.
El paro se instaló en un contexto más amplio de tensiones en la administración pública por reformas de gestión y control. Desde la perspectiva progresista, la prioridad debe ser garantizar que la justicia sea efectiva, accesible y justa, no solo medible en estadísticas. Tanto el sindicato como el CJF han anunciado mesas de diálogo para los próximos días; el desafío será que esas conversaciones sean públicamente transparentes y con participación ciudadana, para que las soluciones no queden en un mano a mano entre burocracia y trabajadores.
Este diario seguirá la cobertura y documentará los acuerdos y los efectos del paro en la atención judicial. El conflicto pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que combinen rendición de cuentas con protección de derechos laborales y la garantía de acceso a la justicia para la población.