Departamento de Estado pide unión hemisférica para atacar al narco internacional
Washington lanzó una alerta con sabor a urgencia: según el Departamento de Estado, «llegó la hora» de coordinar una ofensiva regional contra las redes de narcotráfico que operan en toda América. El llamado se hizo público en el marco de la reunión entre el senador Marco Rubio y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, un encuentro que busca poner en el centro la cooperación policial y judicial entre países del hemisferio.
Detrás del lenguaje diplomático hay una realidad tangible: Perú es hoy uno de los mayores productores de hoja de coca y de cocaína del mundo, un fenómeno que la UNODC ha documentado en sus últimos informes. Esa expansión no ocurre en el vacío; se alimenta de pobreza, falta de alternativas productivas y economías locales capturadas por intermediarios violentos. Atacar solo la oferta sin mirar la demanda es como cortar las hojas de una planta sin arrancar la raíz.
La propuesta del Departamento de Estado apuesta por una combinación de inteligencia, presión financiera sobre redes de lavado y cooperación operativa entre fuerzas policiales. Rubio, conocido por su influencia en la agenda latinoamericana en el Congreso de EE. UU., promovió la idea de una respuesta más contundente. Desde el gobierno peruano, Fujimori ofreció como carta la voluntad de colaborar, aunque su administración también enfrenta cuestionamientos sobre capacidad institucional y respeto a los derechos humanos.
El diagnóstico es correcto pero incompleto. Históricas experiencias como el Plan Colombia muestran que las tácticas exclusivamente militares o de interdicción reducen temporalmente oferta y violencia en zonas puntuales, pero generan desplazamiento, criminalización de comunidades campesinas y, a menudo, erosionan instituciones locales. Por eso, expertos y organizaciones sociales insisten en que la estrategia hemisférica debe combinar tres ejes: desarticulación de las redes financieras, programas serios de desarrollo alternativo y fortalecimiento de sistemas judiciales para romper la impunidad.
Además, no se puede eludir la otra cara del problema: la demanda. Sin políticas públicas en países consumidores que reduzcan el mercado, y sin medidas contra el lavado de activos en centros financieros internacionales, la presión sobre productores solo redistribuye el delito. El Departamento de Estado lo sabe, pero hace falta traducir intentos retóricos en compromisos verificables y calificados en presupuesto y tiempo.
Para la gente común, las decisiones que se tomen ahora tendrán efectos concretos: seguridad en barrios y rutas, impacto en economías rurales, y en última instancia confianza en instituciones. Si el hemisferio pretende «atacar al narco internacional», como lo pide Washington, es imprescindible que la estrategia incluya garantías a comunidades afectadas, controles a excesos policiales y mecanismos de rendición de cuentas.
La reunión entre Marco Rubio y Keiko Fujimori abrió una ventana política. Queda por ver si se convierte en una coalición operativa con fondo social y judicial o en otro ciclo de promesas que termine reproduciendo errores del pasado. La ciudadanía debe vigilar y exigir transparencia: combatir al narco no puede convertirse en excusa para debilitar derechos ni para exportar un problema que requiere soluciones públicas, integrales y cooperativas.
Fuentes: Departamento de Estado, UNODC, declaraciones públicas del senador Marco Rubio y del gobierno de Perú.