España vota el 29-N: la vivienda en el centro y el futuro de Sánchez en juego

La convocatoria anticipada, tras el rechazo en el Congreso de los reales decretos sobre vivienda, convierte las urnas en un plebiscito sobre techo y territorio

España llega al 29 de noviembre con la vivienda como eje de campaña y la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa en juego. El adelanto electoral se precipitó después de que el Congreso tumbara los reales decretos leyes del Gobierno diseñados para aliviar la escalada de precios y frenar los desahucios, una derrota política que han narrado con detalle EFE y El País.

En la calle se sienten dos realidades contrapuestas. Para jóvenes y familias, el acceso a un alquiler asequible es un problema cotidiano: parejas como María y Jorge, que comparten un piso en Vallecas y destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, explican a este diario la sensación de fatiga. Para pequeños propietarios, la sensación es de inseguridad jurídica y presión fiscal. Esa tensión social y económica aparece en los informes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran un crecimiento sostenido de precios y una oferta de vivienda protegida claramente insuficiente.

El fracaso parlamentario que obligó a votar no es solo un tropiezo táctico del PSOE. Revela también limitaciones en la estrategia legislativa de un Ejecutivo que ha intentado actuar con decretos de urgencia ante una crisis que lleva años incubándose. Según análisis publicados por El País y reportes de expertos consultados por EFE, las medidas quedaron cortas para frenar la subida de alquileres en ciudades como Madrid y Barcelona y no contaron con apoyos suficientes entre partidos regionales claves.

En el tablero político, el Partido Popular y Vox han aprovechado la campaña para responsabilizar al Gobierno de la inseguridad jurídica y prometer políticas para “liberar” la oferta, mientras que Sumar y otros grupos de la izquierda insisten en medidas contundentes: más vivienda pública, regulación de grandes tenedores y penalización del parque vacío. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de sondeos privados reflejan un escenario fragmentado donde cada voto puede cambiar mayorías.

La factura social es tangible: más familias en espera de vivienda pública, aumento de ocupaciones por necesidad y una presión sobre empleos y movilidad que penaliza especialmente a las generaciones jóvenes. Frente a ello, hay propuestas con impacto: ampliación del parque público, incentivos sostenibles para la rehabilitación y un modelo fiscal que desincentive la especulación, medidas que diversos economistas y organizaciones sociales han venido defendiendo ante MITMA y en foros públicos recogidos por EFE.

El 29-N no será solo una cita con nombres y siglas. Será un termómetro sobre hasta qué punto la política española puede diseñar soluciones de vivienda que protejan al más débil sin asfixiar la inversión necesaria para aumentar la oferta. Votar será decidir sobre eso y, de paso, sobre el destino de un presidente que lleva ocho años en la Moncloa.

Con información e imágenes de: France 24