Diputados presionan a Hacienda por deuda, recaudación y huachicol fiscal
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa una lluvia de preguntas y reclamos dirigidos a la Secretaría de Hacienda y al SAT durante el análisis del Paquete Económico 2027. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
Funcionarios como la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, y el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, respondieron a cuestionamientos que van desde el manejo de la deuda pública hasta el presunto “huachicol fiscal”, pasando por cambios en la Ley Federal de Derechos y ajustes al ISR empresarial.
Diputados de distintos partidos coincidieron en un punto práctico: la gente quiere saber cómo las decisiones sobre deuda e impuestos afectan su bolsillo y los servicios que recibe. El diputado Daniel Murguía (Morena) advirtió que el costo financiero de la deuda ha subido y absorbe cada vez más recursos del presupuesto. Preguntó cómo piensa el Gobierno reducir esa presión sin recortar inversión pública ni programas sociales. Es decir: ¿menos pagos por intereses para que haya más obra y más programas, o sacrificios en lo social?
Desde el PAN, Eva María Vásquez pidió cuentas sobre cuánto ha recaudado el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y exigió resultados concretos para recuperar lo que se pierde por delitos fiscales y la llamada evasión o “huachicol fiscal”. Otro diputado panista, Homero Niño, fue más duro: calificó el robo de combustibles como “el boquete financiero” y reclamó medidas más contundentes. ¿Resultado? Presión para que Hacienda presente cifras claras y acciones verificables.
El PVEM, representado por Cindy Winkler, defendió que la Ley de Ingresos 2027 busca asegurar recursos para programas sociales y para infraestructura estratégica: según el comunicado, los Criterios Generales incluyen más de un billón 25 mil millones de pesos para programas prioritarios. Pero pidió claridad sobre el impacto del aumento en el derecho ferroviario y cómo evitar que ese ajuste eleve los costos logísticos y, por tanto, los precios que paga la gente.
En la izquierda parlamentaria el discurso fue distinto, aunque con coincidencias prácticas. Luis Armando Díaz (PT) dijo que los impuestos son herramientas para construir un México mejor y rechazó medidas que limiten deducciones; propuso, en cambio, subir la tasa del ISR empresarial. Su colega Roberto Albores subrayó que, en conjunto, el paquete 2027 es «sólido»: proyecta un saldo público que pasa a superávit, reduce el déficit y mantiene la deuda estable, con ingresos tributarios que alcanzarían niveles históricos.
También surgió una petición puntual desde Jalisco: diputados exigieron saber si el endeudamiento interno propuesto —un monto que el comunicado señala como de gran magnitud— podrá usarse para apoyar a los gobiernos estatales en crisis como la de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, o si ese recurso quedará atado sin ayuda federal.
En suma, la reunión dejó claro que la discusión no es técnica para unos pocos: los diputados presionan a Hacienda para que explique en términos concretos cuánto cuesta la deuda, cuánto se recauda y cuánto se pierde por actividades delictivas contra las finanzas públicas. Para la ciudadanía esto se traduce en dos preguntas simples: habrá más servicios y menos desperdicio de dinero público, o más impuestos y menos transparencia.
La sesión mostró, además, que no basta con cifras macro. Los legisladores quieren evidencia de resultados: montos recaudados por medidas previas, destino puntual de la deuda y planes precisos para cortar el fraude fiscal. Hacienda y el SAT salieron a rendir cuentas, pero la presión parlamentaria deja claro que en el trámite del Paquete Económico 2027 la exigencia será insistente: la política fiscal debe traducirse en más inversión pública eficiente y menos pérdidas por robo y evasión, o la discusión seguirá en el pleno y en la opinión pública.