Investigan informe presuntamente falsificado sobre 250 mdp; Jucopo reconoce 90% de gestoría comprobada
La Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero (Jucopo) abrió una indagatoria tras detectarse un informe presuntamente falsificado que atribuye un manejo irregular de 250 millones de pesos destinados a las labores de gestoría de diputados locales. La propia Jucopo, consultada por este medio, aseguró que alrededor del 90 por ciento de los gastos de gestoría están debidamente comprobados, pero admitió que el expediente con esa supuesta falsificación requiere «verificación puntual».
La gestoría es el oxígeno con que muchas familias del estado pagan trámites, medicinas o servicios funerarios. Si la cifra de 250 millones fuera cierto y estuviera maquillada, el daño sería doble: no sólo se diluiría la confianza en quienes deben ayudar a la ciudadanía, sino que además se pondría en riesgo el destino efectivo de recursos que la gente necesita.
La Jucopo informó que analiza documentación y coteja firmas y sellos para identificar responsabilidades. De confirmarse irregularidades, dijo, remitirá el caso a las instancias competentes para que se investigue a fondo. La versión oficial apunta a que la mayor parte de los comprobantes de gestoría cumplen con requisitos administrativos, lo que sugiere que el problema podría concentrarse en un informe específico y no en la totalidad de la operación contable.
La denuncia llega en un momento en que la exigencia de transparencia está afilada: organizaciones civiles y partidos de oposición han pedido una auditoría integral y la publicación de los detalles de las erogaciones. Para quienes siguen de cerca la gestión pública en Guerrero, esto es más que una discusión de cifras; es una prueba de que los controles internos funcionan o fallan cuando más se necesitan.
Desde el ámbito ciudadano, expertos en rendición de cuentas consultados por el periódico señalan que un 90 por ciento de comprobación no exime a la institución de investigar el restante 10 por ciento ni de explicar por qué surgió un informe supuestamente falsificado. «Si hay manchas en el expediente, hay que limpiarlas y saber quién las puso», dijo uno de ellos, en petición de anonimato, subrayando que la exigencia debe ser tanto administrativa como penal si se confirma la falsedad.
El impacto práctico para la gente puede ser inmediato: retrasos en apoyos, cuestionamiento de programas y la erosión de la confianza hacia los representantes. Por eso activistas y ciudadanos piden que el Congreso de Guerrero publique los anexos de los informes y que la Jucopo permita auditorías externas e independientes que aclaren monto, destino y beneficiarios reales de la gestoría.
La investigación sigue en curso y la Jucopo promete transparencia en los pasos que dé. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y rápidas. Si la política es una lámpara, la rendición de cuentas es la bombilla: sin ella todo queda a oscuras.