Diputado morenista vive en residencial de lujo señalado por Sheinbaum por uso de agua agrícola
Un contraste que pica y duele: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia matutina que los Calzada están usando agua agrícola para regar un desarrollo residencial con campo de polo, “la gente a un lado no tiene agua”, el diputado morenista Fernández Fuentes confirmó que vive en esa zona de alta plusvalía y se negó a decir cuánto le costó su casa. “A mí sí me gusta vivir ahí”, dijo escuetamente, según declaraciones conocidas públicamente.
La escena tiene todos los ingredientes de una injusticia palpable: parcelas convertidas en jardines y pastos para caballos con un recurso que —según la jefa del Ejecutivo— debería beneficiar primero a agricultores y comunidades que hoy enfrentan cortes y escasez. La polémica vuelve el foco a un asunto que para muchos es evidente: no siempre gana quien más lo necesita.
Lo que dijo la Presidencia
En la mañanera, Sheinbaum criticó el “abuso” en el uso de agua agrícola en una zona residencial donde, además del fraccionamiento, existe un campo de polo vinculado a los Calzada. Sus palabras encendieron la discusión pública sobre prioridades de uso del agua, legalidad y transparencia en concesiones y aprovechamientos.
Respuesta del diputado
Fernández Fuentes, legislador por Morena, optó por la discreción cuando se le preguntó por el valor de su propiedad. No ofreció cifras y se limitó a decir que le agrada vivir ahí. Esa negativa a transparentar montos alimenta sospechas sobre la procedencia de recursos y la conveniencia política de ocupar ese tipo de residencias cuando el discurso público reclama austeridad y equidad.
Qué está en juego
- Derechos hidráulicos versus disfrute privado: El uso de agua agrícola para fines no agrícolas: jardines, canchas o mantenimiento de campos deportivos, despierta dudas sobre la legalidad y la ética de esos aprovechamientos.
- Impacto social: Comunidades rurales y urbanas cercanas reportan cortes y baja presión; para ellas el agua es asunto de vida cotidiana, no de lujo.
- Transparencia y conflicto de interés: Que un servidor público habite un desarrollo señalado por la propia Presidencia obliga a preguntas claras: ¿cómo se obtuvo el agua? ¿hubo permisos especiales? ¿existió tráfico de influencias?
Contexto y responsabilidades
En México la materia hídrica está regulada de manera central por instituciones como la Comisión Nacional del Agua y marcos legales que definen usos prioritarios. Cuando hay denuncias públicas sobre desvíos o usos distintos a los concesionados, las autoridades pueden y deben revisar expedientes, permisos y medidores. La fiscalización no es una curiosidad: es un mecanismo para que el agua cumpla su función social y productiva.
Sin embargo, la política no puede quedarse en el señalamiento matutino y en la frase breve de un diputado. Hacen falta investigaciones administrativas y, si procede, sanciones. También transparencia patrimonial y fiscal por parte de los funcionarios para que la ciudadanía confirme que no hay tratos desigualitarios.
Voces de la zona
Habitantes de comunidades aledañas, que prefieren no dar nombres por temor a represalias, relatan que en ocasiones el suministro es intermitente. “Mientras allá riegan jardines, aquí tenemos que comprar agua en pipas”, dice uno de ellos. Esa imagen —las pipas contra los pastos verdes de un campo de polo— resume el encendido malestar social.
Qué pedir y qué esperar
- Que la autoridad competente revise los permisos de uso de agua del fraccionamiento y del campo de polo.
- Que el diputado Fernández Fuentes aclare origen de recursos y costos de la propiedad para disipar dudas sobre transparencia y conflicto de interés.
- Que se priorice el suministro a comunidades afectadas y se evalúe la reconversión de usos cuando haya evidencia de aprovechamiento indebido de agua agrícola.
Conclusión
La foto es clara: lujo y privanza frente a hogares que padecen la falta de lo esencial. La llamada de atención de la Presidencia puso el foco, pero la ciudadanía necesita resultados concretos: auditorías, respuestas públicas y políticas que eviten que el agua, un bien común, termine como adorno de jardines exclusivos. Si no hay seguimiento, el reclamo se quedará en la anécdota de un día más en la mañanera. Y el agua seguirá siendo, para muchos, un privilegio y no un derecho.