Diez años del acuerdo con las FARC: avances quebrados, amenazas y un futuro en riesgo
Bogotá. El 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y las FARC firmaron un pacto que desarmó a la guerrilla más antigua del continente. Diez años después, el balance es mixto: el país cambió, pero muchas promesas quedaron a medias y la paz está hoy en peligro, según víctimas y expertos consultados por France 24 en Español.
Lo que se ganó fue tangible. La entrega masiva de armas y la transformación de la antigua guerrilla en un partido político interrumpieron décadas de combates abiertos. Se crearon mecanismos excepcionales de justicia, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y programas de reincorporación que pusieron a miles de excombatientes en proyectos productivos y en comunidades rurales. Para muchas familias, la distancia con la guerra significó la posibilidad de volver a sembrar, enviar a los hijos a la escuela y reconstruir la vida cotidiana.
Sin embargo, la lectura en primera persona no es homogénea. Víctimas y líderes sociales consultados por France 24 en Español relatan una paz parcial: obras de infraestructura prometidas que no llegaron, tierras que no fueron restituidas en tiempo y forma, y una justicia que avanza pero sin la velocidad que reclama la sociedad. Los programas de desarrollo rural se toparon con la burocracia, la corrupción y la falta de recursos, lo que ha dejado a muchos excombatientes sin alternativas económicas y a comunidades vulnerables a la violencia local.
Lo que se perdió es, sobre todo, la oportunidad de cerrar heridas estructurales. La banda sonora que cambió fue solo la de los fusiles masivos; en el terreno siguieron operando disidencias, organizaciones criminales y otros grupos armados que se disputan rutas de narcotráfico y control territorial. Desde 2016 se registran, según informes de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, decenas y en algunos periodos cientos de asesinatos de excombatientes y líderes sociales. Cada caso es una señal de alarma: la ausencia del Estado en zonas rurales no sólo perpetúa la injusticia, sino que convierte la reincorporación en un experimento frágil.
El pacto está en riesgo por decisiones políticas y por la realidad en el territorio. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, llegó al poder con una promesa de mano dura que, para muchos analistas escuchados por France 24 en Español, puede voltearle la mesa a la implementación. Recortes presupuestales, reformas legales que debiliten la JEP o una prioridad militar frente a las soluciones políticas pueden erosionar los logros. Además, la estigmatización de excombatientes y la polarización pública facilitan retrocesos.
Las metáforas ayudan a entenderlo: el acuerdo nació como un puente para cruzar de la guerra a la paz, pero hoy ese puente tiene tramos sin barandas. Si el Estado no refuerza la estructura —con inversión, presencia institucional y garantía de seguridad— las personas que atraviesan corren el riesgo de caer al río de la violencia local o la miseria económica.
Expertos advierten que la paz no es un estado final sino una obra en construcción. Para sostenerla se necesita cumplir lo pactado, proteger a quienes dejaron las armas y fortalecer la justicia transicional. También hace falta atender las causas profundas: desigualdad, concentración de la tierra, y falta de oportunidades en las zonas rurales.
France 24 en Español recoge las voces de quienes vivieron el conflicto y hoy piden más que palabras: piden hechos que transformen la promesa en rutina. La lección de estos diez años es clara y dura: la paz puede desarmar un cuerpo armado, pero solo la política social sostenida y la voluntad institucional garantizan que deje de nacer violencia nueva.

