Congreso sinaloense acelera un blindaje a la opacidad tras la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya
El movimiento legislativo llega justo después de que el gobernador solicitara licencia temporal; organizaciones civiles alertan que la reforma podría cerrar las ventanas para la fiscalización ciudadana.
En un giro que activistas consideran una cortina de humo con sello legislativo, el Congreso de Sinaloa está empujando una reforma profunda a la Ley de Transparencia local que, según críticos, reduciría la capacidad de la ciudadanía para supervisar al gobierno. La iniciativa fue enviada por el propio gobernador Rubén Rocha Moya apenas dos semanas antes de pedir una licencia temporal, en un contexto marcado por una acusación desde Estados Unidos que lo señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La bancada mayoritaria —formada por Morena y sus aliados— presentó la propuesta y la ha impulsado con celeridad. Fuentes legislativas consultadas por este medio indican que el proyecto ya circula entre comisiones y podría pasar al pleno en las próximas semanas si no se frena la presión pública.
¿Qué propone la iniciativa y por qué alarma?
- Organizaciones y expertos en transparencia advierten que la iniciativa amplía las excepciones para reservar información pública y limita los supuestos en los que la ciudadanía puede acceder a datos del gobierno estatal.
- También se ha denunciado que la reforma daría más margen de maniobra al Ejecutivo para determinar la publicidad de ciertos contratos, licitaciones y nombramientos, lo que incrementaría el riesgo de opacidad en temas clave como obra pública y contrataciones.
- Para activistas esto significa menos escrutinio y más posibilidades de encubrir conflictos de interés o irregularidades, justo cuando hay dudas públicas sobre la integridad del poder ejecutivo.
Reacciones en la escena pública
Organizaciones civiles, colectivos de transparencia y activistas sociales han calificado la maniobra como un “blindaje” o «cerco legal» pensado para proteger a la administración estatal. “Si cerramos los canales de información en momentos de crisis, abrimos la puerta a prácticas opacas que dañan la gobernanza y la seguridad”, dijo un representante de un observatorio de transparencia que pidió mantener su nombre por seguridad.
Desde la oposición, legisladores de partidos distintos a la coalición que gobierna en Sinaloa han pedido auditorías públicas y debates en foros abiertos antes de cualquier aprobación. “No podemos permitir reformas a puerta cerrada que afecten el derecho de la gente a saber cómo se ejercen los recursos”, señaló un diputado local opositor.
Hasta el cierre de esta nota, la oficina del gobernador no ha emitido una explicación detallada sobre el contenido total de la iniciativa ni ha respondido a las acusaciones recibidas desde Estados Unidos más allá de declaraciones públicas sobre el trámite de su licencia.
Qué significa para la ciudadanía
- Menor acceso a información sobre contratos, compras y obras públicas, lo que dificulta detectar irregularidades o corrupción.
- Menos herramientas para periodistas y defensores de derechos humanos que investigan vínculos ilícitos y la gestión pública.
- Riesgo de erosión de la confianza ciudadana en las instituciones; cuando el poder reduce la transparencia, la desconfianza crece y la gobernabilidad se resiente.
Contexto que no se puede ignorar
Sinaloa es un estado marcado por la presencia histórica del crimen organizado y por la atención internacional sobre sus redes. En ese escenario, cualquier cambio que limite la fiscalización se lee no solo como un asunto técnico, sino como una medida con implicaciones en la seguridad y el control de recursos.
Qué se puede hacer ahora
- Exigir que el Congreso publique el texto íntegro de la iniciativa y convoque a audiencias públicas vinculantes con sociedad civil, académicos y periodistas.
- Solicitar a los órganos autónomos de transparencia y a la Fiscalía General que supervisen que cualquier reforma respete los estándares nacionales e internacionales.
- Organizar vigilancia ciudadana: firmas, foros, solicitudes de información y seguimiento mediático para evitar aprobaciones exprés.
La crónica de un riesgo anunciado
La coincidencia en el tiempo entre la presentación de la iniciativa y la licencia solicitada por Rocha Moya no es fortuita para muchos actores. Más que una simple reforma técnica, el movimiento se percibe como una jugada con impacto directo en la vida cotidiana: menos acceso a saber en qué se gastan los impuestos, menos herramientas para denunciar y menos posibilidad de exigir rendición de cuentas.
Si el Congreso aprueba este paquete sin debate público, la sensación será la de un escudo levantado desde lo institucional que aleja a la ciudadanía de la claridad que merece. Y en una sociedad que demanda transparencia, cualquier intento de cerrarle las puertas al escrutinio público merece una respuesta activa y clara de la gente.
Este medio seguirá de cerca el avance legislativo y la reacción de las autoridades y la sociedad civil. La transparencia no es un lujo, es un derecho.