Centro para adolescentes migrantes no acompañados cierra definitivamente en Huixtla, Chiapas
Este miércoles dejó de operar de manera definitiva el Centro Habilitado para Adolescentes en Movilidad Humana No Acompañados, administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en Huixtla, Chiapas. El cierre se formalizó tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2025, donde se notificó que el establecimiento dejaría de brindar servicio a partir del 31 de diciembre de 2025.
En el aviso oficial se aclara que la atención continuará, en lo sucesivo, a través de la red de establecimientos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiapas. Una fuente consultada del propio SNDIF señaló que la disminución del flujo migratorio por la ruta de la Costa fue una de las causas del cierre; el personal operativo y administrativo —más de 50 trabajadores, según la notificación interna— fue informado por videoconferencia el 15 de diciembre.
Lo esencial en fechas
| 18 de mayo de 2022 | Puesta en marcha del Centro Habilitado (publicado en DOF). |
| 29 de septiembre de 2022 | Incidente con 19 miembros de la comunidad Lev Tahor que huyeron y fueron atendidos en el centro. |
| 2024 | Pico de migración: el centro llegó a albergar hasta 120 niñas, niños y adolescentes por noche. |
| 15 de diciembre de 2025 | Notificación al personal sobre el cierre mediante videoconferencia. |
| 18 de diciembre de 2025 | Publicación en el Diario Oficial de la Federación que formaliza el cierre. |
| 31 de diciembre de 2025 | Último día de operaciones del Centro Habilitado; en diciembre solo se registraron tres ingresos de menores no acompañados, luego trasladados al albergue de Berriozábal. |
Qué ofrecía el centro y por qué importó
Desde su apertura, el recinto funcionó como una puerta de emergencia para niñas, niños, adolescentes, madres y padres que llegaron por la frontera sur. Allí se realizaban entrevistas, se asignaban dormitorios, se proporcionaba alimentación, atención médica y psicológica, y a los menores se les ofrecían actividades formativas ligadas al sistema educativo mexicano. Llegaron personas de países como Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, así como de Haití, África y Medio Oriente, muchas rescatadas en puntos de control sobre la carretera federal 200.
El centro también atendió casos complejos: el caso Lev Tahor, ocurrido en septiembre de 2022, puso en evidencia la necesidad de instalaciones con protocolos para protección, la coordinación entre instituciones y la capacidad para atender situaciones de posible trata, abuso y delito organizado.
Impactos del cierre
- Para las personas migrantes: la administración asegura que la atención seguirá en la red estatal, pero el traslado implica cambios prácticos: mayor distancia para familias ubicadas en la ruta costa, posibles demoras en el acceso a servicios especializados y ruptura de la continuidad educativa y psicológica para menores que ya estaban en procesos de restablecimiento.
- Para el personal: más de 50 trabajadores fueron notificados del fin de operaciones; falta claridad pública sobre su reubicación o indemnizaciones.
- Para la comunidad: la desaparición de un punto de atención cercano puede retrasar respuestas en emergencias y obliga a reforzar la coordinación entre autoridades locales, estatales y organizaciones civiles.
Preguntas pendientes y riesgos
- ¿Cuenta la red estatal de albergues con la capacidad y especialización para atender a niñas, niños y adolescentes no acompañados con el mismo estándar del centro?
- ¿Se garantizó la continuidad del personal especializado (psicólogos, trabajadores sociales, educadores) que conoce los casos y procesos legales?
- ¿Cómo se documentarán y custodiarán los expedientes de menores en trámite de protección, búsqueda de familiares o procesos legales?
- ¿Qué medidas hay para que la menor afluencia de personas no signifique menor vigilancia frente a riesgos como trata o explotación?
Recomendaciones para mitigar efectos
- Publicar y transparentar datos: número total atendido durante los tres años, perfiles de edad, nacionalidades y destinos finales.
- Asegurar la reubicación y capacitación del personal especializado para mantener continuidad de atención.
- Implementar un plan de transición con seguimiento individualizado de cada menor en trámite: salud, educación y procesos jurídicos deben quedar registrados y accesibles para las autoridades competentes y, cuando proceda, para organizaciones civiles supervisoras.
- Fortalecer la red estatal de protección con recursos, transporte y protocolos de acceso rápido para quienes lleguen por la ruta de la Costa.
- Facilitar la participación de organizaciones locales y organismos internacionales que puedan brindar auditoría social y apoyo técnico.
Contexto mayor
La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política y Registro Migratorio, reportó que hasta septiembre de 2025 más de cuatro mil niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad ingresaron de forma irregular por la frontera sur, muchos en Tapachula y sus alrededores. Eso muestra que, aunque una caída del flujo por la costa haya influido en la decisión administrativa, la vulnerabilidad de las poblaciones en movilidad no desaparece con el cierre de un módulo: cambia de lugar y exige respuestas coordinadas.
Conclusión
El cierre del Centro Habilitado en Huixtla cierra un capítulo de emergencia humanitaria que arrancó en 2022 y que en 2024 llegó a su mayor tensión. Es una decisión administrativa que puede ser razonable desde la lógica de recursos, pero plantea retos prácticos y éticos: garantizar que la protección a menores no se diluya, que el personal no quede en el limbo y que la red estatal realmente ofrezca cuidado integral y continuidad. Las autoridades deben transparentar cifras, explicar el plan de transición y permitir la supervisión ciudadana para que el cierre no signifique, en los hechos, una puerta menos para niñas y niños que buscan protección.
Seguiremos dando seguimiento a las respuestas del SNDIF, del Sistema Estatal DIF de Chiapas y de la Secretaría de Gobernación sobre la implementación efectiva de la transición.