Por los pelos: cabo de la Legión francesa huyó de disidencias de las FARC tras 96 horas en la selva
José Olger Melo Charry, militar colombo-francés y voluntario de la Legión Extranjera Francesa, logró escapar y presentarse por sus propios medios en una subestación de Policía en Policarpa, Nariño, luego de pasar 96 horas escondido en la selva tras ser detenido en un retén ilegal del grupo conocido como Estado Mayor Central.
Según reportes de la Policía Nacional y testimonios recogidos en la zona, Melo Charry transitaba por una carretera rural del municipio de Cumbitara cuando fue retenido por hombres armados que operan bajo la estructura de esa disidencia de las FARC. Menos de un mes después, el cabo apareció caminando hasta la subestación policial cercana al punto donde fue interceptado, con signos de fatiga pero sin heridas graves.
El episodio deja varias preguntas abiertas sobre la seguridad en el sur del país y la capacidad del Estado para controlar corredores viales vitales para la población. El Estado Mayor Central mantiene presencia en sectores rurales de Nariño y Putumayo, y se le atribuyen acciones de extorsión, control territorial y bloqueos a la movilidad. Que un militar con doble nacionalidad y experiencia en una fuerza extranjera haya tenido que sortear la selva a pie durante cuatro días para buscar ayuda es, en sí mismo, un síntoma del vacío de autoridad en esas zonas.
Fuentes policiales consultadas indicaron que al momento de su llegada a la subestación, Melo Charry fue valorado por primera respuesta humanitaria y su caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes para establecer la ruta judicial y consular correspondiente. La presencia del militar en la Legión Extranjera Francesa añade una dimensión diplomática que las autoridades colombianas y la embajada francesa deberán coordinar.
Habitantes de municipios cercanos relatan que los retenes ilegales son frecuentes, y que la impunidad alimenta la lógica de control que imponen los grupos armados. Una líder comunitaria de la zona, que pidió anonimato por seguridad, contó que muchas veces los campesinos prefieren evitar las vías principales por miedo a ser obligados a pagar “vacunas” o a ser reclutados. Estas prácticas afectan la economía local, la movilidad escolar y el acceso a salud.
El caso también revive críticas sobre la estrategia estatal en regiones periféricas. Desde el enfoque centro-izquierda que defiende este medio, la salida no puede ser solo más militarización esporádica. Hace falta una política pública integral que combine presencia sostenida del Estado, inversión en infraestructura segura, justicia local para romper circuitos de impunidad y programas de desarrollo rural que reduzcan la dependencia de economías ilegales.
Por ahora, las investigaciones sobre el retén y las circunstancias de la captura están en manos de las autoridades judiciales. La Policía Nacional y la Fiscalía deberán esclarecer si hubo trata, extorsión o intento de reclutamiento, y qué responsables se identifican. A la par, la comunidad exige respuestas concretas para que un episodio como este no se convierta en una anécdota más entre tantos relatos de abandono estatal.
Más allá del rescate personal, la huida de José Olger Melo Charry es una llamada de alerta: mientras comunidades rurales sigan siendo terreno de disputas armadas, cualquier ciudadano, incluso uno formado en fuerzas extranjeras, puede quedar en manos de grupos que violan derechos básicos. La solución exige compromiso institucional sostenido y políticas que pongan a las personas, no a los bandos, en el centro.
