La titular de la Semarnat planteó transformar el modelo económico, garantizar que los recursos recaudados por impuestos ambientales se destinen a la conservación y avanzar hacia una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2026. — La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, llamó a replantear el modelo de desarrollo económico de México y fortalecer la participación del Poder Judicial en la protección del medio ambiente, al advertir que los efectos del cambio climático representan uno de los principales desafíos para la estabilidad social, económica e institucional del país.
Durante su participación en el Seminario Interinstitucional La justicia constitucional de México frente a los desafíos de la transformación del país, celebrado en la Universidad Iberoamericana, la funcionaria sostuvo que la protección de los recursos naturales debe convertirse en un componente central de las políticas públicas y de las decisiones económicas.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó Bárcena, quien cuestionó la continuidad de un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, sin considerar suficientemente sus consecuencias sociales y ambientales.
La secretaria explicó que México enfrenta una creciente vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos extremos, particularmente en materia de disponibilidad de agua, producción agrícola, infraestructura y conservación de ecosistemas. En ese contexto, consideró indispensable avanzar hacia un modelo económico que incorpore los costos ambientales de las actividades productivas.
La justicia ambiental y el papel del Poder Judicial
Uno de los aspectos abordados durante la conferencia fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades ambientales y los órganos jurisdiccionales, especialmente en aquellos asuntos relacionados con los derechos de las comunidades, la protección del territorio y la aplicación de instrumentos jurídicos para la conservación.
Bárcena destacó la importancia del Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que reconoce los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, además de establecer disposiciones para proteger a quienes defienden el medio ambiente.
En ese contexto, se refirió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, de quien reconoció sus conocimientos sobre los saberes tradicionales y su importancia en la protección del patrimonio natural.
La funcionaria también reveló que ha sostenido conversaciones con Aguilar sobre la regulación de los impuestos ambientales establecidos por distintas entidades federativas, particularmente ante las diferencias en sus tasas y el destino de los recursos recaudados.
Según explicó, actualmente 16 estados cuentan con gravámenes ambientales cuyos montos varían considerablemente, sin que necesariamente exista una vinculación entre la recaudación y las acciones destinadas a reparar o prevenir el deterioro ecológico.
Bárcena planteó la conveniencia de homologar estos instrumentos y procurar que los ingresos obtenidos se utilicen efectivamente para financiar proyectos de restauración y conservación, en lugar de destinarse a otros conceptos del gasto público.
México prepara una estrategia nacional de adaptación climática
La titular de la Semarnat anunció que el Gobierno federal trabaja en un Plan Nacional de Adaptación que será presentado durante la COP31, prevista en Turquía, y que busca ofrecer información sobre los riesgos climáticos específicos de cada territorio.
Como parte de esta estrategia, adelantó el desarrollo de ADAPTAMX, una plataforma georreferenciada que permitirá a la ciudadanía consultar las principales amenazas ambientales de sus municipios, incluyendo variaciones de temperatura, disponibilidad de agua y afectaciones a las actividades productivas.
Bárcena sostuvo que la adaptación debe convertirse en una prioridad nacional y que su implementación requiere recursos presupuestarios, coordinación institucional y participación de las comunidades.
Asimismo, insistió en que los países desarrollados deben asumir mayores responsabilidades financieras frente al cambio climático, debido a su contribución histórica a las emisiones de gases de efecto invernadero.
La secretaria concluyó que la transformación económica y la protección ambiental no pueden abordarse de manera independiente. Para avanzar hacia un desarrollo sostenible, señaló, será necesario incorporar criterios ambientales a las políticas fiscales, productivas y judiciales, además de reconocer el papel de las comunidades en la conservación de los ecosistemas.