Azerbaiyán prohíbe el hiyab escolar y reabre el choque por el laicismo
Bakú. El reciente código de vestimenta para escuelas públicas aprobado por el Gobierno azerí prohíbe cualquier prenda que sea «incompatible con los principios laicos de la enseñanza», una fórmula que, sin nombrarlo, apunta directamente al hiyab. La medida ha encendido el debate en las aulas y en las plazas: ¿por qué un país con cerca del 96% de población musulmana restringe el velo escolar? En Los Observadores analizamos los motivos y sus efectos.
El Ejecutivo de Ilham Aliyev presenta la norma como una defensa de la educación secular y de la convivencia cívica. Para las autoridades, la escuela debe ser un espacio neutral donde no haya símbolos que puedan «segregar» al alumnado. Pero críticos y organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, advierten que la prohibición es una nueva señal de control sobre la sociedad civil y la libertad religiosa.
El peso histórico es innegable. Azerbaijan heredó de la era soviética una tradición de laicismo estatal que privilegiaba la modernización y la identidad nacional por encima de las expresiones religiosas públicas. Ese marco aún determina muchas políticas públicas, explican analistas citados por Los Observadores. A esto se suma la preocupación del poder por cualquier movilización social organizada fuera del Estado, algo que el Gobierno asocia con riesgos de fragmentación y con influencias externas.
En la práctica, la norma plantea dilemas concretos: familias que ven en el hiyab una elección de identidad o de fe pueden sentir que se les obliga a renunciar a una convicción para acceder a la educación pública. Profesores y directores quedan en la difícil posición de aplicar la regla en colegios donde la línea entre religión y cultura es difusa. ONG educativas temen el aumento de la deserción femenina si las alumnas que usan velo optan por no asistir o por buscar alternativas privadas más caras.
Al mismo tiempo, defensores de la medida sostienen que un aula libre de símbolos religiosos visibles favorece la igualdad entre estudiantes y protege a las chicas de presiones familiares o comunitarias. El reto está en que una política así no agrave la exclusión ni se convierta en una herramienta de estigmatización.
Más allá del gesto simbólico, la prohibición reaviva preguntas sobre la separación entre Estado y religión y sobre hasta qué punto el Estado puede regular la expresión individual en nombre del laicismo. Los Observadores señala que la respuesta tendrá consecuencias reales en el día a día: desde la dinámica en las escuelas hasta la relación entre el Gobierno y comunidades religiosas, especialmente en un país que pretende proyectar estabilidad y apertura a la inversión extranjera.
Si el objetivo es proteger la educación pública, el debate exige políticas complementarias: diálogo con familias, garantías de acceso, formación de docentes y mecanismos claros para evitar arbitrariedades. Sin esos puentes, la prohibición corre el riesgo de convertirse en una respuesta simplista a un problema complejo, con coste social y político.

