Burgueño presume avances en seguridad y servicios; ciudadanía exige resultados
El presidente municipal defendió su segundo informe asegurando que las acciones buscan mejorar la calidad de vida de las y los tijuanenses; expertos y vecinos piden más transparencia y resultados concretos.
En su segundo informe, el ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el presidente municipal Burgueño, destacó una batería de medidas dirigidas a “reforzar la seguridad” y ampliar servicios públicos: más patrullas y cámaras, rehabilitación de luminarias, ampliación de centros de atención social y programas de apoyo a la juventud, según el documento entregado por el propio ayuntamiento.
Las promesas llegan en un contexto complejo. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultados para esta nota, muestran que si bien algunos delitos menores han presentado variaciones a la baja en zonas puntuales, la percepción de inseguridad entre la población y los índices de homicidio siguen siendo una preocupación recurrente. Esa disonancia —avance formal versus realidad cotidiana— es la que muchos vecinos señalan cuando se les pregunta por los beneficios reales del informe.
“Se ven patrullas nuevas, pero sigue costando salir de noche o confiar en el transporte público”, comenta una vecina de la colonia Libertad, que pide mantener su anonimato. Testimonios como este coinciden con análisis de organizaciones civiles que han solicitado al ayuntamiento mayor desglose del gasto en seguridad y evaluación de impacto de los programas presentados, tal como lo recomendó el Observatorio Ciudadano local en reportes previos citados por medios como El Sol de Tijuana.
En el informe municipal, el gobierno presume también inversiones en servicios esenciales: limpieza de drenes, rehabilitación de parques y proyectos de alumbrado. Estas iniciativas pueden mejorar la vida diaria si se mantienen en el tiempo, pero expertos consultados por este periódico subrayan que la prevención social requiere continuidad presupuestal y evaluación independiente. “Las luminarias no son una cura mágica; se necesita trabajo en empleo, salud mental y espacios públicos para jóvenes”, señala un académico del área de seguridad urbana de la Universidad Autónoma de Baja California, cuyo análisis fue presentado ante el Cabildo y la prensa.
El documento oficial menciona coordinación con instancias federales y capacitación a elementos municipales. Sin embargo, críticos exigen datos abiertos sobre asignaciones presupuestales y resultados medibles: ¿cuántas detenciones relacionadas con crimen organizado se vinculan a estas políticas? ¿Qué porcentaje de la inversión comunitaria se destinó a prevención versus represión? Preguntas como estas, según organizaciones locales, quedan sin respuesta en el informe.
Reconocer avances no significa perder de vista las fallas. En su discurso, Burgueño puso énfasis en la intención de mejorar la calidad de vida, pero el reto es que esas intenciones se traduzcan en seguridad tangible y servicios accesibles para los barrios más vulnerables. La ciudadanía, por su parte, reclama rendición de cuentas y mecanismos en los que los propios residentes participen en la definición y evaluación de las políticas públicas.
Si el segundo informe del ayuntamiento es un mapa, todavía faltan caminos por pavimentar. Para que la promesa de “más seguridad y servicios” no quede en titulares, hacen falta datos claros del ayuntamiento, supervisión ciudadana y un enfoque que ponga en el centro la prevención social y la justicia urbana, concluyen fuentes consultadas en INEGI y SESNSP y líderes comunitarios de Tijuana.