Isr pone en jaque al empleo informal y al bolsillo de millones
El aumento de la informalidad laboral y la caída de la recaudación del impuesto sobre la renta obligan a repensar políticas: qué significa para trabajadores y para las finanzas públicas.
La participación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los ingresos tributarios se desplomó hasta 52.2%, su nivel más bajo en 20 años, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta un aumento en la población ocupada en la economía informal. Esa doble señal no es un tecnicismo de escritorio: es una tormenta que amenaza tanto la capacidad del Estado para financiar servicios como la seguridad económica de millones de personas.
Cuando la recaudación del ISR pierde peso, el Estado tiene menos margen para invertir en salud, educación y pensiones. Hacienda lo admite en sus reportes; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha advertido que altos niveles de informalidad erosionan la base tributaria y agravan la desigualdad. Para la gente, la informalidad supone trabajo sin prestaciones, ingresos inestables y exposición a sanciones o cierre cuando aumentan las fiscalizaciones del Servicio de Administración Tributaria, SAT.
Imagine a vendedora de comida que no factura y sobrevive con ventas diarias. Si la autoridad endurece controles para recuperar ISR, puede perder su fuente de ingresos; si no se fiscaliza, el Estado deja de recaudar para financiar la clínica donde atiende a su hijo. No es una elección teórica: es un callejón donde se encuentran justicia fiscal y justicia social.
Las políticas que se han aplicado hasta ahora ofrecen lecciones mixtas. El Régimen de Incorporación Fiscal buscó formalizar micronegocios mediante beneficios graduales; la OCDE reconoce su valor pero señala que los incentivos no han sido suficientes para revertir la tendencia. La respuesta estricta de inspecciones sin acompañamiento social puede empujar a la informalidad subterránea en lugar de reducirla, advierten analistas citados por INEGI y Hacienda.
¿Qué cuesta realmente la falta de acción? Menos recursos para lo público, mayor precariedad laboral y una presión desigual sobre quienes sí pagan impuestos. ¿Qué funciona? Combinar incentivos reales para formalizar —acceso a seguridad social, crédito y capacitación— con fiscalización inteligente que no criminalice la supervivencia. El SAT puede mejorar la facturación electrónica y detectar evasión, pero eso debe ir acompañado de políticas de empleo y apoyo a la microempresa, señala la Secretaría de Hacienda.
En suma, el problema no es sólo técnico: es político y social. Se necesita una estrategia que reconozca que muchas personas trabajan en la informalidad por falta de opciones y que, al mismo tiempo, defienda la suficiencia fiscal para garantizar servicios. Si no, la caída del ISR seguirá siendo una caja vacía que obliga a recortes y compromete el bienestar colectivo.
La alternativa está sobre la mesa: políticas fiscales progresivas, ampliación de derechos laborales y programas de inclusión productiva diseñados por el Estado, con datos de INEGI y supervisión pública. No es una receta mágica, pero sí una hoja de ruta para que el cobro del ISR deje de poner en jaque a los más vulnerables y empiece a fortalecer el tejido social.
Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INEGI, Servicio de Administración Tributaria, OCDE.