Un llamado a la memoria: El asesinato de Carlos Manzo y el choque por el presupuesto de seguridad
“¡Viva Carlos Manzo!”, fue el grito que rompió el minuto de silencio que el Congreso mexicano ofreció en memoria del presidente municipal de Uruapan. El poblado del Estado de Michoacán, aterrorizado por el crimen organizado, enterró al alcalde que se atrevió a desafiar a las células criminales que mantienen bajo fuego el suroeste de México tras el asesinato de Carlos Manzo a tiros este fin de semana en medio de las festividades por el Día de Muertos. La discusión del presupuesto de egresos del Gobierno de Sheinbaum ha quedado este martes eclipsada por la ejecución del presidente municipal. Sombreros manchados de sangre, símbolo del Movimiento del Sombrero, con el que bautizó Manzo a su proyecto político, y veladoras encendidas se posaron sobre las curules de las bancadas opositoras del PAN y PRI. El recorte de recursos para seguridad ha sido la chispa que encendió el debate y las críticas de la oposición: menos presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, para la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública y para la seguridad en los municipios.
El eco de aquel grito en el pleno no fue solo un homenaje. Fue una acusación, un recordatorio doloroso de la fragilidad de la paz en muchas regiones del país y la urgencia de reevaluar las prioridades nacionales. La muerte de Carlos Manzo, un líder valiente en una de las zonas más asediadas por la violencia, ha puesto sobre la mesa, con crudeza inusitada, la discusión sobre cómo el estado mexicano debe proteger a sus ciudadanos y, especialmente, a aquellos que, como Manzo, están en la primera línea.
Uruapan bajo fuego: La valentía de un alcalde y la sombra del crimen
Uruapan, Michoacán, es una ciudad estratégica y, por ello, un campo de batalla constante para diversas organizaciones criminales. Su ubicación geográfica y su importancia en la producción de aguacate, conocido como el «oro verde», la convierten en un punto codiciado por aquellos que buscan controlar rutas de trasiego y extorsionar a productores. En este contexto, Carlos Manzo emergió como una figura atípica, un alcalde que no se conformó con la inercia o la resignación. Su «Movimiento del Sombrero» era más que un lema político; era una declaración de principios, un llamado a la comunidad a levantarse con dignidad frente al miedo.
Manzo se distinguió por su postura directa contra los grupos delictivos, denunciando sus operaciones y buscando fortalecer las instituciones locales. Su asesinato, brutal y a plena luz del día, no es solo la pérdida de un líder; es un mensaje aterrador enviado a cualquier autoridad que ose desafiar el statu quo del crimen organizado. Su muerte subraya la extrema vulnerabilidad de los presidentes municipales, quienes a menudo carecen de los recursos y el respaldo federal necesario para enfrentar la sofisticación y la brutalidad de los cárteles.
El congreso, entre el luto y la cifra: Un debate presupuestario fracturado
La atmósfera en el Congreso, teñida por el luto y la indignación, rápidamente escaló a un intenso debate sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. Las curules de la oposición, adornadas con sombreros y veladoras, transformaron el homenaje a Manzo en un potente símbolo de protesta. La propuesta de recorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y, lo que es crucial, a los fondos destinados a la seguridad en los municipios, se convirtió en el epicentro de la controversia.
La oposición argumenta que reducir el presupuesto en seguridad es, en el contexto actual de violencia generalizada, una decisión imprudente y peligrosa. Para ellos, la muerte de Manzo es una prueba tangible de las consecuencias de una estrategia que, a su parecer, ha dejado a los municipios a su suerte. Menos recursos significan menos patrullas, menos capacitación para policías locales, menos equipos de inteligencia y, en última instancia, una menor capacidad de respuesta ante la embestida criminal. Omar García Harfuch, cuya trayectoria en seguridad es reconocida y quien se perfila como una pieza clave en la futura administración de Claudia Sheinbaum, se encuentra en el ojo del huracán, ya que su posible liderazgo en la SSPC choca con la paradoja de un presupuesto menguado para la institución que podría dirigir.
Cifras y consecuencias: ¿Dónde se siente el recorte?
El impacto de un recorte en seguridad no es una abstracción. Se materializa en la vida diaria de millones de mexicanos. Imaginemos una pequeña comunidad donde la presencia policial ya es escasa; un recorte significaría menos rondas, más tiempo de respuesta ante una emergencia, y un incremento en la sensación de desprotección. Para los municipios, especialmente aquellos como Uruapan, que están en la mira del crimen, la reducción de fondos es una sentencia de fragilidad. Estos recursos son vitales para adquirir equipo básico, mantener vehículos, pagar salarios dignos a los policías y, fundamentalmente, invertir en inteligencia local que permita anticiparse a los movimientos de la delincuencia.
Los datos sobre la violencia municipal en México son alarmantes. Decenas de alcaldes, regidores y funcionarios locales han sido asesinados en los últimos años, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan al tratar de gobernar en territorios controlados, o disputados, por grupos criminales. La propuesta de presupuesto, vista por muchos como una continuación de la política de austeridad, genera preocupación sobre si el estado está realmente invirtiendo lo suficiente en la protección de sus ciudadanos y de sus propias instituciones.
Un país en busca de paz: El clamor por la seguridad desde el congreso hasta la calle
El asesinato de Carlos Manzo y el consecuente debate presupuestario trascienden la esfera política. Tocan la fibra más sensible de una nación que anhela la paz y la tranquilidad. El clamor por la seguridad no es exclusivo de los congresistas de oposición; resuena en cada rincón del país donde la gente vive con miedo a salir de casa, a que sus hijos vayan a la escuela, o a que su negocio sea extorsionado.
Es fundamental que, en medio de la polarización política, se encuentre un camino para dialogar y construir estrategias de seguridad que sean efectivas y sostenibles. Esto implica no solo asignar recursos adecuados, sino también garantizar una coordinación real entre los tres niveles de gobierno, fortalecer las instituciones de justicia, depurar los cuerpos policiales y, sobre todo, recuperar la confianza de la ciudadanía. La memoria de Carlos Manzo debe servir no solo como un recordatorio de lo que se ha perdido, sino como un impulso para encontrar soluciones y construir un México donde la valentía de un líder no tenga que pagarse con la vida, y donde la seguridad sea un derecho, no un privilegio inalcanzable.