México
Asesinato de Carlos Manzo polariza el debate de diputados por el presupuesto
El crimen que sacude San Lázaro
El reciente asesinato de Carlos Manzo, diputado federal por Michoacán, ha encendido de nuevo el ya álgido debate sobre la Ley de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. La noticia de la muerte del legislador, emboscado en Zitácuaro, Michoacán, no solo ha generado consternación en el ámbito político, sino que también ha servido como catalizador para que la oposición redoble sus exigencias de un presupuesto suficiente y estratégico para la seguridad pública, especialmente en estados tan golpeados por la violencia como Michoacán.
Para la gente, la seguridad no es un número en una tabla, sino la tranquilidad de salir a la calle, de que sus hijos vayan a la escuela y regresen a salvo. El crimen de Manzo, un representante popular, resuena como un recordatorio doloroso de la fragilidad de esa tranquilidad, incluso para quienes están en el ojo público.
La ley de egresos, un espejo de prioridades
La Ley de Egresos, que es el plan de gastos del gobierno para el próximo año, ya había sido aprobada en comisiones por la coalición mayoritaria, conocida como la 4T. Este documento, crucial para el funcionamiento del país, define cuánto dinero se destinará a programas sociales, infraestructura, salud, educación y, por supuesto, a la seguridad. Históricamente, este proceso genera fricciones entre las distintas fuerzas políticas, cada una defendiendo lo que considera prioritario para el bienestar de la nación.
Sin embargo, el asesinato del diputado Manzo añadió una capa de urgencia y dramatismo a la discusión. Su caso puso de manifiesto que, más allá de los números, se trata de vidas humanas y de la capacidad del Estado para garantizar la paz.
Las voces de la oposición: «Más seguridad, menos recortes»
Desde las bancadas opositoras, la muerte de Manzo fue el argumento central para criticar la estrategia de seguridad y el presupuesto asignado para este rubro. Partidos como el PRI, PAN y el PRD (al que Manzo pertenecía) levantaron la voz para señalar lo que consideran una insuficiencia de recursos para policías municipales y estatales, así como para la fiscalías y el combate al crimen organizado.
Sus argumentos se centran en la idea de que la inversión en seguridad no es un gasto, sino una inversión en la paz y el desarrollo. Proponen, por ejemplo, fortalecer los fondos destinados a los municipios, que son la primera línea de defensa contra la delincuencia, y dotarlos de herramientas y capacitación adecuada. La petición es clara: dar presupuesto suficiente en seguridad tras lo ocurrido en Michoacán. No se trata solo de tener más policías, sino de que estos cuenten con los medios para realizar su trabajo de forma efectiva y segura.
La defensa de la 4T: «Atender causas, fortalecer instituciones»
Por su parte, la coalición gobernante, liderada por Morena, defiende la propuesta de presupuesto y su estrategia de seguridad. Argumentan que el enfoque debe ser integral, no solo punitivo. Subrayan la importancia de los programas sociales para atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades.
Sostienen que la seguridad ya cuenta con una asignación significativa y que el reto está en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y en la depuración de las instituciones. Para ellos, un aumento indiscriminado de recursos sin una estrategia clara no resolverá el problema de fondo. La apuesta es por una consolidación de la Guardia Nacional y la colaboración con las fuerzas armadas, buscando un enfoque que, aunque reconoce los retos, confía en la efectividad de los planes en curso.
Un Michoacán en el ojo del huracán
El asesinato de Manzo no es un hecho aislado en Michoacán, un estado que desde hace años enfrenta una compleja situación de violencia. La región es un termómetro de los desafíos de seguridad del país. La ciudadanía de Michoacán vive a diario la incertidumbre y el miedo, y el crimen de un diputado federal solo subraya la urgencia de soluciones concretas.
La polarización en el Congreso, si bien es parte natural del debate democrático, a veces puede alejar la discusión de lo más importante: las soluciones reales para la gente. El reto es grande y requiere la construcción de consensos que permitan destinar los recursos de manera inteligente y efectiva.
El camino hacia adelante: ¿Consenso o confrontación?
La tragedia de Carlos Manzo ha puesto el foco de manera cruda sobre un tema que nunca debería dejar de ser prioritario: la seguridad. Los diputados tienen en sus manos la responsabilidad de aprobar un presupuesto que no solo cuadre las cuentas, sino que también responda a las necesidades más apremiantes de la población.
El debate por la Ley de Egresos, más allá de las diferencias políticas, se convierte en un llamado a la acción. Los ciudadanos esperan que sus representantes encuentren puntos de acuerdo para fortalecer la seguridad, no solo con más dinero, sino con una estrategia sólida que permita a todos vivir en paz. Porque al final del día, el impacto de estas decisiones se mide en la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.