Multas a bicis y scooters en la ciudad de méxico: qué cambia y quién paga el costo
La Secretaría de Seguridad Ciudadana pasó de la amonestación a preparar sanciones; usuarios y organizaciones alertan sobre impactos sociales y falta de infraestructura.
Desde septiembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició una fase de amonestaciones y sensibilización para usuarios de bicicletas y scooters eléctricos. Ahora, según comunicados oficiales y notas de prensa en medios como El Universal y Reforma, esa etapa avanza hacia la imposición de multas por incumplimientos en espacios peatonales, ciclovías y zonas de estacionamiento prohibido.
¿Qué cambia en la práctica? La diferencia no es solo administrativa: pasa de una llamada de atención a una sanción económica. La SSC ha señalado que la medida busca ordenar el espacio público y reducir riesgos, mientras que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) trabaja con empresas operadoras para coordinar medidas sobre estacionamiento y operación. En el papel, más orden. En la calle, más preguntas.
Usuarios y repartidores consultados en distintas colonias coinciden en la confusión. “A veces tienes que dejar la bici en la banqueta porque no hay otro lugar; ahora te pueden multar”, dice un repartidor que prefirió no dar su nombre. Para muchas personas la micromovilidad es una solución económica y rápida; gravarla sin alternativas accesibles equivale a poner el candado antes de construir la puerta.
Organizaciones civiles como Bicitekas han advertido, en declaraciones públicas, que la sanción sin inversión en infraestructura —más ciclovías seguras, estacionamientos y señalización— puede criminalizar a quienes usan la bicicleta por necesidad. El riesgo, añaden especialistas citados por medios, es que la política termine privilegiando ópticas de orden público por encima de políticas de movilidad equitativa.
Hay además problemas de consistencia: usuarios relatan operativos en algunos puntos de la ciudad y tolerancia en otros. Esa discrecionalidad alimenta la percepción de arbitrariedad y abre la puerta a vulneraciones, sobre todo contra quienes dependen de la micromovilidad para trabajar. La SSC asegura que la aplicación será gradual y con criterios sobre riesgo vial, pero no ha detallado todos los criterios de fiscalización.
¿Qué podría corregirse? Primero, claridad normativa: qué conductas serán sancionadas y con qué procedimiento. Segundo, inversión: sin plazas para estacionar scooters y bicis, sin parques de carga para los eléctricos y sin ampliación de ciclovías seguras, las multas se sentirán como castigos sobre la pobreza. Tercero, transparencia en los operativos y mecanismos de queja accesibles para quienes reciban una multa que consideren injusta.
La medida tiene sentido en tanto busque proteger peatones y mejorar la convivencia urbana. El problema es la implementación: una política que castiga sin acompañamiento práctico termina reduciendo una opción de movilidad sostenible y repercute en los bolsillos de la gente. La Secretaría de Movilidad, la SSC y los gobiernos locales deben explicar con datos y plazos cómo sustituirán la amonestación por sanciones sin dejar a nadie atrás.
En tanto, la recomendación para usuarios es simple: informarse sobre las reglas locales, documentar la ubicación del vehículo al estacionarlo y, si reciben una multa que consideren injusta, acudir a los mecanismos de revisión que la SSC y SEMOVI indiquen. La regulación puede ser necesaria; la justicia y la eficacia, obligatorias.
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Bicitekas, reportes en El Universal y Reforma.