Exigen devolver miles de millones a migrantes que pagaron seguro y no recibieron atención
Activistas piden que México use la renegociación del T-MEC para reclamar los aportes retenidos a indocumentados en EU y convertirlos en derechos y fondos que alivien tragedias como la de Marco Antonio
Afuera nieva. Dentro de una pequeña casa en Chicago, Marco Antonio Huerta sonríe cuando su madre, Martina Díaz, le da masoterapia a mano y brazo. Marco quedó cuadripléjico tras un choque donde una conductora atropelló su motocicleta. Pagó impuestos durante años como chef, panadero y mecánico; hoy no tiene seguro médico y su rehabilitación depende de tutoriales y del esfuerzo familiar.
La historia de Marco es la punta del iceberg que activistas, organizaciones y familias mexicanas llevan a la mesa de negociación del T-MEC. Denuncian una doble moral que, en sus palabras, consiste en que Estados Unidos cobra impuestos sin preguntar el estatus migratorio pero niega la atención médica a quien no tiene papeles.
Según cálculos del Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP), en 2022 las aportaciones de migrantes sin estatus regular sumaron alrededor de 33.9 mil millones de dólares, desglosados así:
| Concepto | Monto 2022 (mdd) |
|---|---|
| Seguro Social | 25.7 |
| Medicare | 6.4 |
| Seguro de desempleo | 1.8 |
| Total | 33.9 |
Activistas como Aarón Díaz y Jesús Vargas proponen que México aproveche la renegociación del T-MEC, prevista para junio de 2026, para exigir mecanismos que reconozcan y restituyan —o al menos aprovechen— esas contribuciones para beneficio de los trabajadores y deportados.
Las propuestas van desde alternativas concretas hasta demandas éticas y políticas:
- Mantener los aportes en EE. UU. pero que permitan acceso a prestaciones allá, independientemente del estatus migratorio.
- Transferir los fondos a México para que se acrediten en cuentas Afore, generación de capital semilla o pensiones equivalentes.
- Reconocer el ITIN junto al Seguro Social para que las contribuciones se traduzcan en derechos en ambos países.
“Si no quieren a los migrantes allá, esto ayudaría a los deportados a reintegrarse con un capital semilla”, dice Efraín Jiménez del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes. Para Jesús Vargas, fundador de Mijos, los casos como el de Marco y los cientos que ha documentado son una señal de urgencia: “En Estados Unidos no existimos para servicios de salud, pero sí para pagar impuestos”.
La Secretaría de Economía, consultada por militantes y organizaciones, respondió que “vamos a pedir simplemente condiciones muy equitativas en el terreno laboral”. Sin embargo, activistas exigen más determinación: que las negociaciones incluyan protocolos claros para la restitución o el reconocimiento de aportaciones y, sobre todo, garantías de acceso a la salud y reinserción económica.
El contraste resulta brutal: familias que ven cómo se les descuenta un porcentaje del salario —en algunos casos hasta 7.5% según testimonios— y empresas que también aportan, mientras miles de migrantes no pueden reclamar la atención que esos fondos deberían garantizar en un Estado que funcione. Georgina Parra, contadora especializada, resume el sinsentido: “Se les quita dinero para un seguro que jamás podrán cobrar”.
Los casos documentados por organizaciones como Mijos dan rostro a los números. Jesús Vargas calcula cientos de víctimas que quedaron sin atención integral tras accidentes laborales o de tránsito: atenciones de emergencia aisladas, deportaciones clandestinas, enfermedades empeoradas por falta de cuidado y, en el peor de los casos, muertes evitables.
¿Qué obstáculos enfrenta la demanda? Muchos. Desde la resistencia política en Estados Unidos a ampliar derechos a indocumentados, hasta complicaciones legales sobre la portabilidad de cotizaciones entre sistemas de seguridad social distintos. Además, normas como las que restringen elegibilidades de Medicaid complican el escenario, aseguran los activistas.
No obstante, los promotores de la iniciativa apelan a argumentos éticos, económicos y diplomáticos: es inmoral cobrar y negar; es injusto que un país se beneficie de mano de obra que no puede recuperar sus aportes; y, desde la óptica mexicana, hay una oportunidad para transformar remesas y aportaciones en proyectos productivos que reduzcan la vulnerabilidad.
En palabras de José Luis Gutiérrez, director de Casa Michoacán DuPage: “Aunque legalmente no esté previsto, hay fundamentos políticos y éticos para exigir la devolución o el aprovechamiento de esos fondos”. Y recuerdan que, frente a la historia de vidas truncadas, el reclamo no es teoría: es la diferencia entre una rueda de rehabilitación y una cama de hospital olvidada.
Qué sigue
- Organizaciones y colectivos buscan que el gobierno mexicano incluya en la agenda del T-MEC la protección de derechos y la gestión de aportaciones de migrantes.
- Proponen mesas binacionales para diseñar mecanismos técnicos: reconocimiento de ITIN/SSN, transferencia a Afores mexicanas, creación de fondos de reinserción para deportados.
- Exigen plazos y compromisos públicos para no convertir la medida en una promesa vacía que termine en discursos frente a cámaras.
La historia de Marco, Martina y miles más se planta como una advertencia: no es solo política comercial o arancelaria lo que está en juego en la renegociación del T-MEC, es la dignidad de quienes construyen la economía desde la precariedad. Si el tratado sirve para negocios, por qué no para justicia social, preguntan los activistas. El reloj corre y, mientras tanto, afuera sigue nevando.