Aguakan se burla de la consulta y sigue cobrando el agua a precio de oro en Quintana Roo
Por: Redacción
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres votaron en junio de 2022 para quitarle la concesión a Aguakan. Casi cuatro años después, la empresa continúa operando y la factura la siguen pagando los ciudadanos.
La voluntad popular no bastó. En una consulta ciudadana de junio de 2022, la mayoría de habitantes de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos e Isla Mujeres se pronunciaron por quitar la concesión del servicio de agua potable a Aguakan. Sin embargo, a la fecha la empresa sigue facturando y operando en los cuatro municipios del norte de Quintana Roo, según constató MILENIO y coinciden activistas y vecinos.
Cómo se llegó hasta aquí
La concesión original data de 1993 y en 2014 se autorizó una prórroga hasta 2053. Tras la consulta, en 2023 el Congreso estatal dejó sin efecto esa prórroga con la intención de revocar la concesión; Aguakan promovió amparos, consiguió que un Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún le concediera la suspensión y así continuó operando. El caso está ahora en revisión en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, lo que mantiene el litigio estancado en el Poder Judicial federal.
En Solidaridad (Playa del Carmen) la consulta no alcanzó el umbral de participación para ser vinculante, por lo que allí el resultado no forzó acciones automáticas.
Vecinos con recibos que parecen de otro planeta
En unidades y colonias de Cancún los testimonios describen una combinación de facturas exorbitantes, horas sin agua y baja presión. Casos que ilustran el malestar:
| Vecina | Recibo octubre | Recibo noviembre | Recibo diciembre/enero | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Juana Muñoz (Paraíso Maya) | 282 pesos | 1,200 pesos | 616 / 615 pesos | Incremento repentino sin explicación; paga obligada o le cortan el servicio |
En la Región 103, como denuncia Diana Becerra, el agua llegó antes en franjas matutinas y vespertinas; ahora solo llega por la tarde y a veces con tan poca presión que no sube a los tinacos. En el fraccionamiento Hacienda del Caribe los vecinos deben levantar bombas eléctricas en plena madrugada, exponiendo su equipo a quemarse y cargando recibos más altos de luz.
El resultado: familias que “se cuelgan” de la red, mangueras en las callejuelas y litros de agua medidos en cubetas y ollas. Una imagen que contrasta con facturas que, según los usuarios, no reflejan consumo real.
Activismo y demandas: del reclamo local a pedir la intervención federal
Activistas de la Asamblea Social del Agua, como Enrique Burton y Karina Tiquet, y el ex diputado local Julián Ricalde, señalan la falta de voluntad política y la lentitud judicial como las principales razones por las que la consulta popular quedó en letra muerta. Reprochan que la consulta no fue un plebiscito vinculante automático y que las autoridades estado-municipales se “echaron la bolita”.
Ante el estancamiento judicial, algunos activistas piden que la Suprema Corte atraiga el caso o que el gobierno federal actúe con la misma decisión que tuvo para ordenar la clausura de la mina Calica, ejemplo que citan como precedente de intervención federal contra empresas con impacto ambiental y social.
Qué piden los ciudadanos y qué se puede hacer
- Auditoría y transparencia: revisar facturación, funcionamiento de medidores y obras realizadas por la concesionaria.
- Intervención judicial o constitucional: que el caso avance con celeridad y, de ser necesario, que la Suprema Corte lo atraiga.
- Ejercicio municipal del servicio: que los ayuntamientos puedan asumir la prestación y gestión si demuestran capacidad técnica y financiera.
- Protección a usuarios: expedientes públicos de quejas, mecanismos para impedir cortes arbitrarios y tarifas sociales para hogares vulnerables.
- Programa de reposición de medidores: medidores verificables por terceros y lectura digital que evite irregularidades.
Balance y urgencia
La historia que relatan las familias es simple y dura: pagan mucho, tienen poco agua y reciben explicaciones tibias. Desde la consulta de 2022 la maquinaria legal ha dado ventajas a la empresa y la justicia federal marcará el destino de la concesión. Pero mientras los tribunales resuelven, la vida cotidiana de miles de personas se complica: más gasto familiar, más horas sin agua, más cargas en la cuenta de la luz y menos confianza en las instituciones.
Si el agua es un derecho básico, la lección que reclaman vecinos y activistas es contundente: no basta con votar; hace falta que autoridades y tribunales cumplan. Y que, de una vez por todas, se ponga orden para que el agua deje de ser lujo y vuelva a ser servicio público.
Fuentes: Informe de vecinos y activistas; seguimiento periodístico de MILENIO; resoluciones y amparos en Juzgado Octavo de Distrito y Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (expedientes públicos referidos por los actores sociales).