El conflicto que no perdona: por qué las balas vuelven a marcar la agenda electoral
Bogotá. Colombia se dirige a una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con una verdad incómoda: la violencia armada sigue ganando la pulseada a los presidentes. Mientras la derecha promete mano dura y la izquierda apuesta al diálogo, en las zonas rurales y en los barrios la vida cotidiana sigue marcada por grupos armados, economías ilícitas y la ausencia del Estado.
Contexto en pocas palabras: el acuerdo de paz con las FARC (2016) redujo la presencia de una guerrilla histórica, pero no cerró la guerra. Hoy conviven disidencias de las FARC, el ELN, bandas herederas del paramilitarismo —como el llamado Clan del Golfo— y organizaciones vinculadas al narcotráfico. El resultado: violencia persistente, desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y control territorial por economías ilegales.
Qué dicen las fuentes
- Organismos internacionales y observatorios nacionales —entre ellos la ONU y grupos de derechos humanos— coinciden en que la implementación del acuerdo de paz quedó incompleta y que la expansión de cultivos de uso ilícito ha alimentado la reconfiguración armada.
- Informes de organizaciones como Indepaz y Human Rights Watch han registrado la continuidad de asesinatos de líderes sociales y defensores de tierras tras 2016, lo que pone en duda la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía en zonas rurales.
- Analistas del International Crisis Group señalan que la fragmentación de grupos armados y la competencia por rutas de narcotráfico hacen más difícil una solución militar o negociada única.
Por qué el conflicto «gana»
- Economía ilegal que financia armas: el narcotráfico y el cultivo de coca siguen siendo motores de financiamiento para grupos armados.
- Estado ausente: carreteras sin presencia institucional, falta de acceso a tierra y servicios públicos permiten que los grupos armados llenen vacíos.
- Implementación parcial del acuerdo de paz: proyectos de tierras, sustitución de cultivos y reincorporación no llegaron con la rapidez ni la cobertura esperada.
- Fragmentación y competencia: la multiplicación de actores armados complica cualquier estrategia única de seguridad o negociación.
- Debilidad institucional y corrupción: impunidad y redes locales que facilitan la persistencia del delito organizado.
La oferta de campaña: mano dura vs diálogo
| Abelardo de la Espriella | Iván Cepeda |
|---|---|
| Enfoque: seguridad reforzada, mayor despliegue militar y judicial, cero tolerancia a grupos armados. | Enfoque: negociación, cumplimiento de acuerdos, énfasis en políticas sociales y reparación como herramientas para reducir el conflicto. |
| Promesas concretas: priorizar la capacidad operativa de fuerzas de seguridad y mano firme contra cultivos y rutas de narcotráfico. | Promesas concretas: reactivar diálogo con actores armados abiertos a negociación, inversión en programas rurales y garantías para líderes sociales. |
| Riesgos: militarizar sin resolver causas estructurales; posible aumento de daños colaterales. | Riesgos: espacios de diálogo que no deriven en resultados rápidos; resistencia política a medidas de redistribución. |
Impacto real en la vida cotidiana
En municipios del Pacífico, el Meta o el Catatumbo, familias siguen despertando con toques de queda impuestos por grupos armados, maestros que no pueden llegar a las escuelas y campesinos que enfrentan extorsión por la siembra de coca. La inseguridad no es solo un dato macro: es la imposibilidad de sembrar sin miedo, enviar a los hijos a estudiar o acceder a la justicia cuando un crimen ocurre.
¿Qué puede cambiar?
- Una estrategia efectiva debe combinar seguridad con desarrollo rural, titularidad de tierras, educación y alternativas económicas reales para comunidades que hoy dependen de lo ilícito.
- Transparencia en la ejecución de los acuerdos y medidas claras contra la impunidad son indispensables para recuperar confianza.
- La comunidad internacional puede ofrecer garantías y acompañamiento, pero la solución tiene que ser principalmente nacional y territorial.
La elección como plebiscito social
Más allá de quién gane, la campaña ya puso en evidencia que la seguridad no se resuelve solo con conciertos de fuerzas o mesas de negociación. Es una batalla compleja donde el ciudadano decide si apuesta por la firmeza represiva o un camino que combine justicia, reparación y oportunidades. En ambos escenarios, la pregunta queda flotando: ¿está el país dispuesto a enfrentar las raíces del conflicto, o seguirá conformándose con parches que solo prolongan la pelea?
Conclusión
El conflicto colombiano sigue siendo un ring en el que la política parece quedar en segundo plano. La segunda vuelta definirá tácticas, pero la lucha contra la violencia exige decisiones sincronizadas, inversión sostenida y, sobre todo, presencia estatal en los territorios. Si no, la pulseada la volverá a ganar la violencia —y con ella, las vidas que quedan en el fuego cruzado.
Fuentes consultadas: informes de la ONU y la UNODC, reportes de Indepaz, Human Rights Watch, International Crisis Group y análisis de expertos en seguridad y derechos humanos.