Perú rompe relaciones diplomáticas con México por el asilo a la ex primera ministra de Pedro Castillo
Las grietas que Perú y México exhiben desde hace tres años acaban de sumar un nuevo capítulo con la ruptura de relaciones a raíz del asilo que el Gobierno mexicano ha concedido a la ex primera ministra de Pedro Castillo. La fricción entre ambas naciones se remonta precisamente al autogolpe fallido del expresidente (2021-2022). El asilo diplomático que el Estado mexicano le dio en su momento a la familia del profesor sindical en diciembre de 2022 y la negativa de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de reconocer la investidura de Dina Boluarte —a tal punto de llamarla presidenta espuria— encendieron una llama que no ha dejado de avivarse con la actual mandataria Claudia Sheinbaum. El ministro de Exteriores peruano, Hugo de Zela, ha subrayado que, pese a la decisión actual, Perú mantiene las relaciones consulares con el Gobierno mexicano.
Un paso sin precedentes: el fin de una relación formal
La decisión de Perú de romper formalmente las relaciones diplomáticas con México marca un punto de inflexión en la compleja y tensa relación entre ambos países. Este quiebre va más allá de un simple desencuentro; representa el cierre de embajadas y la retirada de embajadores, un gesto que, si bien no es definitivo en el largo plazo, sí congela la comunicación política de alto nivel y la coordinación bilateral en foros internacionales. La chispa que ha prendido esta hoguera es la reciente concesión de asilo por parte de México a Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo.
Betssy Chávez: el epicentro de la tormenta
Betssy Chávez, figura clave durante el gobierno de Pedro Castillo, se encuentra en el centro de esta disputa. En Perú, se le acusa de los delitos de rebelión y conspiración, cargos vinculados directamente con el intento de autogolpe de Castillo en diciembre de 2022. La justicia peruana la ha señalado como presunta coautora en este grave episodio que puso en jaque la democracia del país. Para el gobierno peruano, el asilo concedido por México a Chávez es un acto de injerencia en sus asuntos internos y una protección a alguien que debe responder ante la justicia. Es como si un amigo cercano decidiera dar cobijo a alguien acusado de intentar desestabilizar tu propia casa, lo que genera una profunda desconfianza y un sentimiento de agravio.
México, por su parte, se ampara en su histórica tradición de otorgar asilo político, una práctica arraigada en su política exterior y en los convenios internacionales. Para el gobierno mexicano, esta decisión se inscribe en el marco de una política humanitaria y de respeto al derecho de asilo, sin pretender juzgar el fondo de las acusaciones judiciales en Perú. Sin embargo, para Lima, el contexto es ineludible: se trata de una persona vinculada a un intento de ruptura constitucional, y su asilo es visto como una validación implícita de una narrativa que el Estado peruano rechaza categóricamente.
Grietas profundas: el legado de un autogolpe fallido
Las raíces de esta ruptura son profundas y se extienden hasta el autogolpe fallido de Pedro Castillo. Cuando el entonces presidente intentó disolver el Congreso de manera inconstitucional, marcó el inicio de una crisis política que aún resuena. La posterior destitución de Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta generaron una fuerte polarización. México, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la legitimidad de Boluarte, llegando a calificarla de «presidenta espuria». Esta postura fue interpretada por Perú como una clara injerencia en su soberanía y un desconocimiento de su proceso constitucional.
La tensión escaló cuando México otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo, incluyendo a su esposa Lilia Paredes y sus hijos, poco después de los eventos de diciembre de 2022. Aquello fue un primer aviso de las diferentes interpretaciones y posturas que ambos gobiernos tenían sobre la crisis peruana. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, la esperanza de un cambio de tono se desvaneció, ya que la nueva administración mantuvo una línea similar, consolidando la percepción en Perú de una política exterior mexicana hostil.
¿Qué implica una ruptura de relaciones diplomáticas?
Romper relaciones diplomáticas es un acto serio en el ámbito internacional. Significa el cierre de embajadas, la retirada de embajadores y la suspensión de todos los canales de comunicación política formal entre los dos gobiernos. En la práctica, esto puede afectar la cooperación en diversas áreas, desde el intercambio cultural hasta iniciativas regionales o bilaterales en las que ambos países podrían haber colaborado. Para los ciudadanos, sin embargo, el impacto directo se mitiga por el mantenimiento de las relaciones consulares. Esto quiere decir que los servicios esenciales —como la expedición de pasaportes, visados (si fuera el caso) y la asistencia a connacionales en el extranjero— seguirán funcionando a través de los consulados. Es una manera de decir: «Aunque nuestros gobiernos estén en desacuerdo, no vamos a dejar a nuestros ciudadanos desprotegidos».
Mirando hacia el futuro: la diplomacia de los puentes
A pesar de esta dolorosa ruptura, la historia de las relaciones internacionales nos enseña que los quiebres no suelen ser definitivos. La diplomacia, en su esencia, busca puentes y caminos para el diálogo, incluso en los momentos más difíciles. El mantenimiento de las relaciones consulares es un indicio de que, si bien la confianza política está en un punto bajo, no se ha quemado el último navío. Con el tiempo, y quizás con un cambio en el panorama político de una o ambas naciones, podría abrirse la oportunidad para reconstruir los lazos. Para ello, será fundamental que ambos países encuentren un terreno común, respetando la soberanía y los procesos judiciales internos, al mismo tiempo que se reconoce el derecho internacional. Esta situación nos recuerda la importancia de la prudencia diplomática y el diálogo constante para evitar que las diferencias se conviertan en abismos insalvables.