La periodista Peniley Ramírez reveló en redes sociales que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen una investigación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios de su administración, sus hijos y empresas vinculadas a su entorno.
De acuerdo con la comunicadora, desde 2024 —cuando Ismael “El Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos— ya existía en México un expediente sobre la llamada “red Rocha” y sus presuntos nexos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la información difundida, Palacio Nacional conocía la existencia de la investigación, aunque habría considerado que “no era el momento” para actuar.
Peniley Ramírez aseguró que fuentes federales le confirmaron que Rocha solicitó licencia a su cargo por petición directa de Palacio Nacional. Además, detalló que el pasado 6 de mayo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió oficios a instituciones financieras para ordenar la identificación y bloqueo de operaciones relacionadas con Rocha Moya, sus familiares y colaboradores.
Según los documentos citados por la periodista, las instituciones bancarias debían suspender servicios, cancelar cuentas y congelar recursos de los involucrados, tras haber sido incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
La investigación financiera también incluiría presuntas operaciones de lavado de dinero y abarcaría a empresas relacionadas con los hijos del mandatario sinaloense, algunas de ellas beneficiadas con contratos gubernamentales.
Entre las compañías señaladas se encuentran Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa y A&R Soluciones Estadísticas, fundadas por Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha desde 2003. Estas firmas ya habían sido objeto de investigaciones periodísticas previas realizadas por el periodista Jorge García Orozco.
El abogado Salvador Mejía, citado por Ramírez, afirmó que directivos antilavado de distintas instituciones bancarias le confirmaron que “están listos para bloquear más cuentas”.
La periodista también señaló que entre los presuntos implicados aparecen Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas estatal, quienes —según la publicación— ya se habrían entregado a autoridades de Estados Unidos.
Hasta el momento, ninguna de las dependencias federales mencionadas ha emitido un posicionamiento oficial sobre la información difundida.
Fotografía tomada de la red social “X” de Peniley Ramírez.