Ejidatarios desafían a la minera y buscan cancelar la concesión que mantienen sobre El Bajío, Caborca
Tras fallos agrarios de 2013 que obligaron a Penmont a desalojar terrenos, la asamblea ejidal anuncia una ofensiva legal y política para anular la concesión y recuperar control del territorio
Cabecera: Caborca, Sonora. — Con la voz de quienes defienden la tierra como acto de supervivencia, ejidatarios del poblado El Bajío anunciaron que promoverán la cancelación de la concesión minera que, aseguran, invade y amenaza sus tierras y aguas. La decisión retoma antecedentes judiciales: desde 2013 la asamblea ejidal obtuvo fallos en los tribunales agrarios que obligaron a la minera Penmont al desalojo de parcelas del ejido.
“No vamos a negociar lo que es de todos; la tierra no es una mercancía que se pueda arrendar para acabar con nuestra forma de vivir”, dijo María López, representante de la asamblea, en la reunión pública del fin de semana. Los ejidatarios advierten que su movimiento combinará recursos legales, denuncias administrativas y movilización social.
Qué piden y por qué
- Cancelación de la concesión minera: alegan que la concesión fue otorgada sin consulta libre, previa e informada, y que vulneró derechos agrarios reconocidos por los tribunales.
- Reparación del daño ambiental y social: exigen evaluación independiente sobre afectaciones a pozos, suelos y cultivos; atención a la salud de la población y medidas de remediación.
- Respeto a los fallos agrarios: solicitan que autoridades federales y la propia empresa acaten la sentencia de 2013 y se reconozcan títulos ejidales en favor de comuneros afectados.
Contexto y antecedentes
El conflicto no es nuevo. En 2013 los tribunales agrarios reconocieron irregularidades en la ocupación de parcelas del ejido El Bajío y ordenaron medidas para proteger las tierras comunales; en ese marco, Penmont realizó desalojos parciales. Desde entonces, la relación entre la empresa y la comunidad ha sido tensa, con episodios de denuncias por daño ambiental, de agua y por presunta falta de consulta a las asambleas ejidales.
Los ejidatarios sostienen que la concesión, además de afectar parcelas productivas, ha fragmentado la comunidad: “Las promesas de empleos y carreteras vinieron acompañadas de promesas rotas; lo único que quedó fue polvo, menos agua y familias divididas”, relató Juan Ramos, ejidatario y agricultor.
La ruta legal que anuncian
Según la asamblea, su estrategia será múltiple y escalonada:
- Presentar recursos administrativos ante la Secretaría de Economía para pedir la revocación de la concesión, argumentando irregularidades en el otorgamiento y en el cumplimiento de obligaciones.
- Solicitar sanciones y medidas cautelares ante instancias ambientales si se acreditan daños a acuíferos o suelos.
- Recurrir nuevamente a tribunales agrarios y, de ser necesario, al Poder Judicial de la Federación para exigir cumplimiento de fallos previos.
Lo que está en juego
Este conflicto muestra un choque de modelos: por un lado, la lógica extractiva que sostiene proyectos mineros como supuestas fuentes de empleo y desarrollo regional; por otro, comunidades que reivindican la vocación agrícola, el acceso al agua y derechos agrarios colectivos. El saldo puede ser económico, social y ambiental.
| Afectados | Riesgo/impacto |
|---|---|
| Ejidatarios de El Bajío | Pérdida de tierras de cultivo, acceso al agua y fractura social |
| Población regional | Presunto deterioro de acuíferos y contaminación |
| Empresa minera | Riesgo jurídico, reputacional y económico si se cancela concesión |
Autoridades y balances
Hasta el cierre de esta edición, autoridades federales no habían emitido una respuesta oficial pública a los nuevos anuncios de la asamblea. Fuentes de la comunidad mencionan que ya se han enviado peticiones formales a instancias competentes para abrir auditorías sobre el cumplimiento de la concesión y su impacto ambiental.
Especialistas en derecho agrario consultados por este medio coinciden en que la cancelación de una concesión es posible, pero compleja: requiere pruebas puntuales de irregularidades, seguimiento administrativo y, en muchos casos, voluntad política para aplicar sanciones contundentes. “No es un trámite inmediato, pero la combinación de fallos agrarios previos y pruebas ambientales puede inclinar la balanza”, señaló una abogada experta en la materia (que pidió anonimato por estar involucrada en procesos similares).
Entre esperanza y advertencia
Los ejidatarios se dicen esperanzados y decididos. “No queremos pleitos para siempre; queremos que nuestra tierra vuelva a producir y que se respeten nuestros derechos”, enfatizó María López. A la vez, reconocen que enfrentar a un proyecto minero grande es una batalla larga: requiere alianzas con organizaciones civiles, expertos, medios y la capacidad de mantener la cohesión comunitaria.
Por qué importa
Porque no se trata solo de un pleito local: es una prueba para la manera en que México regula la minería, preserva derechos agrarios y protege recursos naturales clave como el agua. El desenlace definirá si las comunidades pueden frenar proyectos que perciben como depredadores, o si la lógica extractiva prevalece aun frente a fallos judiciales y movilización social.
La asamblea del ejido convocó a una nueva reunión abierta para los próximos días. Estaremos atentos a cualquier notificación de autoridades y al avance de los recursos legales anunciados por los comuneros.