Cobra la ley: gobierno prevé 21% más recaudación por agua tras la reforma y dice haber recuperado 3,500 millones
El efecto económico de la nueva Ley de Aguas ya toca las arcas y las cuentas de los ciudadanos; el reto ahora es que el dinero se traduzca en servicio y no en carga para los más vulnerables.
En los primeros meses desde que el Senado aprobó la nueva Ley de Aguas el pasado diciembre, el Gobierno reporta resultados contundentes para las finanzas públicas. Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó en rueda de prensa que en 2025 la recaudación aumentó en 3,500 millones de pesos gracias a la entrada en vigor de medidas de fiscalización y cobro. “Estamos recuperando [impuestos] de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando. Y además, este año vamos a incrementar en 6,300 millones de pesos más esta recaudación”, aseguró Morales López, cifra que el Ejecutivo interpreta como un 21% de aumento respecto a 2025.
Si se toman las cifras gubernamentales al pie de la letra, el impulso inicial suma ya 3,500 millones y el Gobierno espera agregar 6,300 millones más en el periodo actual, un golpe directo a la evasión y a usuarios no contribuyentes. Pero detrás del número hay preguntas que la sociedad exige responder: ¿quiénes han empezado a pagar? ¿proviene la mayor recaudación de grandes usuarios industriales, de municipios que regularizan servicios, o de nuevos cobros a hogares?
| Concepto | Monto (millones de pesos) |
|---|---|
| Recaudación adicional reportada en 2025 | 3,500 |
| Recaudación adicional proyectada para este año | 6,300 |
| Total adicional declarado / proyección | 9,800 |
| Incremento porcentual anunciado | 21% (gobierno) |
Impacto en la vida cotidiana
- Positivo: más recursos pueden mejorar redes de agua, saneamiento y atención a cuencas, especialmente en municipios con déficit crónico.
- Negativo: si los aumentos recaen en hogares de bajos ingresos o en pequeños productores sin medidas de apoyo, la reforma puede agravar la desigualdad en el acceso al agua.
- Reto administrativo: la Conagua y autoridades locales deberán transparentar cómo se fiscaliza y qué criterios se usan para cobrar a quienes antes no pagaban.
Críticas y matices necesarios
Organizaciones civiles y especialistas han advertido, con razón, que más recaudación no garantiza mejor servicio. El universo de usuarios informales, la capacidad de las administraciones municipales para invertir y la protección a comunidades rurales son variables que determinarán si el dinero repercute en agua segura o en facturas más pesadas. Además, la experiencia internacional muestra que sin tarifas sociales y mediciones claras, las reformas recaudatorias pueden castigar a hogares con consumos bajos y beneficios limitados.
Qué pedir a las autoridades
- Rendir cuentas: publicar con detalle el origen de los 3,500 mdp recuperados y la estimación de los 6,300 mdp proyectados.
- Priorizar inversión en infraestructura y saneamiento donde más falta hace, no solo en recaudación.
- Establecer tarifas diferenciadas y subsidios focalizados para proteger a familias vulnerables y pequeños productores.
- Monitoreo ciudadano: permitir auditorías y participación social en la gestión del recurso.
El anuncio del titular de Conagua marca un antes y un después presupuestario, pero el veredicto final lo dará la gente: si estos recursos se traducen en agua más limpia, redes reparadas y cuentas justas, la reforma habrá valido. Si terminan en sobresaltos para bolsillos ajustados y en balances contables sin impacto social, la polémica apenas comienza.
Fuente: declaraciones del director general de Conagua, Efraín Morales López; aprobación de la nueva Ley de Aguas en el Senado (diciembre).