Arrinconados por la policía, víctimas de Xochimilco exigen cierre de carpeta de investigación
Denunciantes que sufrieron la represión del 5 de septiembre de 2024 acusan a la administración de Clara Brugada de proteger a los agentes; piden que la investigación que los criminaliza sea archivada y exigen verdad y reparación.
Una semana después del episodio de represión ocurrido en la alcaldía Xochimilco, las personas afectadas rompieron el silencio y pasaron de la queja a la exigencia pública: quieren el cierre inmediato de la carpeta de investigación abierta en su contra. Los testimonios recogidos por organizaciones civiles y abogados que los acompañan apuntan a que, además de las agresiones, existe un intento de criminalizar a quienes protestaban.
Los hechos del 5 de septiembre, según los denunciantes, incluyeron detenciones, uso excesivo de la fuerza y violencia verbal por parte de elementos de seguridad. Las víctimas aseguran que hay pruebas —fotos, registros médicos y relatos de testigos— que demuestran lesiones y procedimientos policiales que no se apegan a protocolos. Con base en esas pruebas, reclaman que la Fiscalía capitalina cierre la investigación contra ellos por considerar que fue iniciada para perseguir la protesta y no para esclarecer responsabilidades reales.
Acusaciones clave
- Protección institucional: Las víctimas acusan al gobierno de la alcaldía, encabezado por Clara Brugada, de proteger a los agentes implicados en la represión.
- Criminalización de la protesta: Sostienen que la carpeta de investigación se usa como herramienta para sancionarlos en lugar de perseguir abusos policiales.
- Falta de investigación independiente: Exigen que la indagatoria sea revisada por instancias externas o por la Comisión de Derechos Humanos correspondiente.
Qué piden las víctimas
- Cierre de la carpeta de investigación en su contra por falta de elementos y por uso político de la denuncia.
- Que se investigue y sancione a los policías responsables del uso excesivo de la fuerza.
- Atención médica, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
- Intervención de organismos de derechos humanos y una investigación independiente y transparente.
Contexto y actores
La exigencia llega en un clima de polarización local: por un lado, las víctimas y organizaciones de la sociedad civil; por otro, autoridades de seguridad y la estructura política de la alcaldía. Las personas afectadas han solicitado acompañamiento legal y anunciaron que presentarán recursos legales para lograr el cierre de la carpeta y evitar procesos penales que, denuncian, buscan intimidarlas.
Posibles consecuencias
- Si la Fiscalía decide archivar la carpeta, las víctimas ganarían un respiro legal, pero quedaría pendiente la aclaración de responsabilidades administrativas y penales contra quienes aplicaron la fuerza.
- Si la carpeta continúa abierta, las personas afectadas podrían enfrentar procesos que, denuncian, prolonguen la sensación de persecución y la impunidad de quienes actuaron en la calle.
- La falta de una investigación autónoma puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y encender nuevas movilizaciones sociales.
Voces desde la calle
Quienes sufrieron la represión pidieron que sus relatos sean escuchados sin filtros: “No vinimos a provocar, vinimos a protestar. Nos golpearon y ahora nos quieren hacer parecer culpables”, dijeron ante medios locales organizaciones que los acompañan. Estos testimonios, dicen sus defensores, están acompañados por documentos médicos y testimonios de vecinos que presenciaron los hechos.
Qué sigue
Las víctimas exigen la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos para que se garantice una investigación imparcial. También anunciaron que mantendrán la presión pública hasta obtener respuestas claras: revocación de medidas en su contra, sanciones administrativas y reparación del daño.
Mientras tanto, la disputa coloca en el centro del debate la relación entre seguridad pública y derechos ciudadanos: una preocupación concreta para los vecinos de Xochimilco que temen que la normalización del uso excesivo de la fuerza termine por acallar la protesta social y profundizar la desconfianza en las instituciones.
Resumen de demandas
| Demanda | Destino |
|---|---|
| Cierre de carpeta de investigación | Fiscalía General de Justicia CDMX |
| Investigación independiente de uso de la fuerza | Comisión de Derechos Humanos y órganos autónomos |
| Sanción a policías responsables | Órganos disciplinarios y, en su caso, procedimiento penal |
| Reparación integral del daño | Alcaldía y autoridades responsables |
La historia está abierta. Las próximas semanas definirán si las demandas de las víctimas se convierten en políticas públicas de reparación y control del uso de la fuerza, o si la carpeta que las persigue será un recordatorio más de la impunidad. La ciudadanía, como siempre, será la que tenga que vigilar que las instituciones cumplan.