Señalan al cacique: diez años de criminalización contra Miguel y David Peralta, exigen justicia
Colectivos de Oaxaca denuncian una campaña sostenida de estigmatización y presión política por parte del cacique Manuel Zepeda Cortés; piden investigaciones independientes y reparación del daño.
Oaxaca — Colectivos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos volvieron a alzar la voz: aseguran que Miguel y David Peralta son víctimas de una política sistemática de criminalización desplegada durante más de una década por el cacique local Manuel Zepeda Cortés. En plazas, anuncios públicos y documentos entregados a autoridades estatales, estos grupos reclaman verdad, justicia y medidas de protección para las familias afectadas.
Según los colectivos, la estrategia contra los Peralta no ha sido un hecho aislado sino una práctica recurrente que combina denuncias penales, presión mediática y la captura de cargos administrativos para neutralizar a quienes desafían intereses territoriales y políticos. «Es como ver cómo una sombra se pega a una familia: cada protesta, cada petición de servicios, terminó convertida en señal de culpabilidad», explican representantes de los colectivos.
El caso, advierten, refleja un patrón que organizaciones civiles han documentado en varias regiones de Oaxaca: líderes y pobladores que reclaman derechos o denuncian abusos terminan enfrentando procesos judiciales, hostigamiento o exclusión social. Los colectivos responsabilizan al cacique por el uso de estructuras de poder local que, aseguran, han instrumentalizado instituciones y redes informales contra opositores.
Demandas y acciones
- Investigación independiente y judicial para esclarecer los hechos en torno a Miguel y David Peralta, plantean los colectivos.
- Medidas de protección para las familias afectadas y garantías para su seguridad personal y laboral.
- Revisión de los procesos judiciales que se siguieron contra ellos, con participación de organismos autónomos y defensores de derechos humanos.
- Compromiso público de autoridades estatales y federales para erradicar la criminalización de la protesta social en la región.
Los colectivos demandaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la Comisión de Derechos Humanos que actúen con diligencia. Exigen auditorías a las actuaciones judiciales y administrativas que, según su versión, han servido para sostener la narrativa de culpabilidad contra los Peralta.
Impacto en la vida cotidiana
Más allá de los expedientes, los colectivos cuentan consecuencias concretas: pérdida de oportunidades laborales, estigmas que dificultan la libre circulación y participación comunitaria, y temor en familiares y vecinos. «La criminalización no sólo encadena una acusación; encadena la posibilidad de trabajar, de convivir, de ser reconocido como ciudadano», advierte un activista local.
Contexto
| Actor | Rol señalado por los colectivos |
|---|---|
| Miguel y David Peralta | Presuntas víctimas de procesos y estigmatización; solicitan garantías y revisión de casos |
| Manuel Zepeda Cortés | Señalado como cacique que habría desplegado tácticas de criminalización por más de una década |
| Colectivos y organizaciones civiles | Exigen investigación independiente, reparación y protección |
| Autoridades estatales y federales | Llamadas a intervenir; pendientes de una respuesta pública y medidas concretas |
Qué sigue
Los colectivos anunciaron movilizaciones localizadas y la presentación de denuncias ante mecanismos nacionales de derechos humanos si las autoridades no responden en plazo. Subrayan que este caso puede servir de prueba para avanzar en políticas públicas contra la criminalización de las protestas y en mecanismos de protección para líderes comunitarios.
Para muchos habitantes de la región, el asunto no es solo judicial: es una foto ampliada de cómo el poder local puede marcar destinos. Si las instituciones no actúan con transparencia, la única salida que queda, dicen, es la presión social: plazas, denuncias públicas y la construcción de redes de apoyo que obliguen a las autoridades a rendir cuentas.
Fuentes: comunicados y declaraciones públicas de colectivos locales, testimonios recogidos por organizaciones de la sociedad civil y solicitudes de acción ciudadana presentadas ante autoridades estatales. El periódico exige una investigación exhaustiva y mantiene abierta la cobertura mientras las partes involucradas respondan.