Promesa de 50 mil dólares y un Airbnb: así convirtió el Cártel de Sinaloa a dos adolescentes en sicarios en California
Por MILENIO — Un cargamento robado en Tijuana a finales de 2023 encendió una venganza que cruzó la frontera y terminó con dos chicos de 15 años entrando en una trama de asesinatos, promesas millonarias y una estrategia que explotó vacíos legales y sociales. Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y expedientes del FBI, revelados en una acusación del 12 de febrero de 2026, detallan cómo el Cártel de Sinaloa reclutó, alojó y envió a dos menores desde un Airbnb en La Mesa para matar a un rival que buscó refugio en San Diego.
Qué ocurrió
- El conflicto se generó tras el robo, atribuido al Cártel Arellano Félix, de un cargamento de metanfetamina, cocaína y fentanilo que pertenecía al Cártel de Sinaloa.
- Los emisarios sinaloenses intentaron matar al objetivo en Tijuana; la víctima huyó a Estados Unidos.
- Desde San Diego, coordinadores identificados como Poly Antúnez y Antonio Quiñones reclutaron a través de Jovanny Enríquez (18 años) a dos adolescentes: Andrew Núñez (alias «Felón») y Johncarlo Quintero (alias «Dumper»), ambos de 15 años.
- A los menores se les alojó en un Airbnb y se les prometió 50 mil dólares a cada uno por ejecutar el homicidio.
Los intentos fallidos
- Noche del 26 de marzo de 2024: en un restaurante de Chula Vista, Quintero disparó y solo logró herir a la pierna del objetivo; su arma se atascó. Núñez intentó rematar atropellando al hombre, sin éxito. Ambos huyeron.
- Madrugada del 27 de marzo de 2024: Núñez y Quintero, ahora acompañados por Ricardo Sánchez (28 años) y armados, fueron a la casa del objetivo. El hombre ya había sido llevado a un hospital; en la escena, dispararon contra un amigo presente, quien repelió el ataque. En el intercambio, Ricardo Sánchez murió.
Consecuencias legales
- El 18 de diciembre de 2025, Núñez y Quintero se declararon culpables ante una corte federal por cargos de asesinato e intento de homicidio. Los pactos de culpabilidad establecieron que actuaron con la intención de matar a cualquiera que se encontrara en la «zona de muerte» creada para el ataque.
- En febrero de 2026 el FBI arrestó a Antonio Quiñones y a Jovanny Enríquez; Poly Antúnez ya estaba preso por otro proceso federal. La acusación federal presentada el 12 de febrero de 2026 imputa a los tres por homicidio con fines de extorsión, agresión con arma peligrosa y conspiración para asesinato por encargo.
Por qué este caso alarma
Esto no es solo una historia de violencia: es una radiografía de cómo los cárteles aprovechan redes urbanas, pandillas juveniles y vacíos del sistema para externalizar sus venganzas. La utilización de un Airbnb para alojar a los adolescentes, la oferta de pagos millonarios y la intención consciente de explotar la protección que la ley de California da a menores en tribunales estatales muestran planificación y desprecio por la vida.
El dilema legal
En California, las leyes estatales limitan en muchos casos el procesamiento de menores como adultos. Sin embargo, los fiscales federales pueden imputar cargos que trasciendan esa protección. Este caso lo evidencia: aunque los atacantes eran menores, fueron juzgados y procesados a nivel federal por delitos graves. El expediente muestra la estrategia delictiva: usar la aparente «inmunidad» estatal para tentar con el uso de menores, confiando en que el cruce a la jurisdicción federal no sería automático.
Fallos institucionales y lecciones
- Coordinación fronteriza: la trama demuestra la necesidad de mayor cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para seguir el rastro de cadenas criminales que operan en ambos lados.
- Prevención social: la ruta por la que jóvenes de 15 años terminan como sicarios revela fallas en prevención, inserción educativa y contención comunitaria frente a la captación por pandillas vinculadas a cárteles.
- Regulación de plataformas: el uso de alquileres temporales como refugio operativo abre la discusión sobre responsabilidades de plataformas y vecinos para detectar conductas sospechosas sin criminalizar arbitrariamente.
Qué sigue
El proceso federal contra los presuntos reclutadores continúa. A la par, es urgente que las políticas públicas combinen justicia eficaz con programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo: intervención temprana, alternativas educativas y programas comunitarios que desarticulen la narrativa que vende el crimen organizado como oportunidad rápida de dinero.
Fuentes: expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, informes del FBI y la acusación federal del 12 de febrero de 2026. Información compilada por MILENIO a partir de documentos judiciales.