Ministro se lleva dos Jeeps blindados de la Corte y los compra por la mitad del precio
A pocas semanas de dejar su cargo, Alberto Pérez Dayán adquirió dos de las cuatro camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas que formaban parte del patrimonio de la Suprema Corte; en conjunto pagó poco más de dos millones de pesos, la mitad del costo original. Los documentos oficiales consultados por este medio revelan montos, avalúos y fechas de pago que ponen en el centro del debate la venta de bienes públicos a sus usuarios al momento del retiro.
Según documentos oficiales a los que tuvo acceso MILENIO, las cuatro camionetas desincorporadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son Jeep Grand Cherokee Limited, modelo 2020; tres con blindaje nivel cinco y una con blindaje nivel tres. En total los exministros desembolsaron 4 millones 391 mil pesos, poco más del 50 por ciento del precio original de adquisición de los vehículos, que fue de 8 millones 551 mil pesos.
Las compras se realizaron al amparo del artículo cuarto, fracción IX del Acuerdo General de Administración del 9 de septiembre de 2013, norma que otorga a los ministros en retiro la opción de adquirir los vehículos que les fueron asignados dentro de los 30 días previos a su retiro. La Ley General de Bienes Nacionales y el propio acuerdo sirven de base legal para estas enajenaciones, según los documentos revisados.
Los vehículos y lo que pagaron
| Ministro | Vehículo (serie) | Blindaje | Kilometraje | Precio fijado (con IVA) | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Pérez Dayán | 1C4RJFBT0LC207182 | Nivel D (5) | 26,083 km | $1,171,000 | 22 de agosto de 2025 |
| Alberto Pérez Dayán | 1C4RJFBT6LC178769 | Nivel D (5) | 4,212 km | $1,223,000 | 22 de agosto de 2025 |
| Margarita Ríos Farjat | 1C4RJFBT4LC178768 | Nivel D (5) | 33,955 km | $1,119,000 | 15 de julio de 2025 |
| Luis María Aguilar | 1C4RJFBT2LC147745 | Nivel III | óptimo (no precisado) | $878,000 | 14 de enero de 2025 |
En suma, los exministros pagaron 4,391,000 pesos por las cuatro camionetas; su precio original de compra en 2020 fue de 8,551,000 pesos, según los registros internos. En todos los casos los valores finales fueron definidos por avalúos técnicos realizados por peritos contratados por la Oficialía Mayor.
Legal pero cuestionable
La transacción se realizó dentro del marco legal vigente desde 2013, pero eso no borró la polémica. En la conferencia del 26 de enero, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el togado Arístides Rodrigo Guerrero confirmaron que los ministros del pleno anterior se habían llevado «las cuatro camionetas» como parte de su haber de retiro, sin dar mayores detalles. Los documentos que ahora se exponen amplían la información: montos, kilómetros, blindajes y fechas.
Desde el punto de vista técnico, los avalúos señalaron que las unidades estaban en «perfecto estado de conservación» y con kilometrajes inferiores al promedio para su antigüedad. Eso explica los precios relativamente altos que se fijaron con respecto a lo que podría esperarse de un bien público depreciado. Pero para muchos ciudadanos la escena tiene otro aspecto: parecería que, al salir, algunos funcionarios se llevaron consigo parte del parque vehicular del tribunal como si fuera un recuerdo de oficina.
Impacto y propuestas
- Confianza pública: estas ventas ocurren en un momento sensible para la percepción ciudadana sobre el uso de bienes públicos. La imagen es de privilegio aprovechado dentro de un marco legal.
- Transparencia: los montos y avalúos existen, pero la ciudadanía demanda mayor claridad sobre criterios de valuación, peritos contratados y la difusión integral de documentos.
- Reforma administrativa: cabe considerar limitar o condicionar la venta de bienes asignados en funciones sensibles, establecer topes y procedimientos que maximicen la recuperación para el erario o que prioricen licitaciones públicas.
Propuestas concretas que podrían discutirse incluyen publicar los avalúos completos, detallar los criterios de selección de bienes transferibles como haber de retiro y someter las desincorporaciones a mecanismos de escrutinio externo.
Lo que falta por aclarar
Este medio buscó a los ministros Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat para solicitar un posicionamiento sobre las adquisiciones, pero hasta el cierre de la nota no hubo pronunciamientos. Tampoco se han difundido públicamente las placas de las unidades por considerarse ahora vehículos particulares.
Los documentos oficiales consultados por este reportaje, incluyendo solicitudes, avalúos y facturas, confirman las fechas y montos aquí consignados. La discusión ya no es solo jurídica: es política y ética. Cuando los bienes comprados con recursos públicos terminan en manos de quienes los usaron sin mecanismos de máxima transparencia, la ciudadanía exige respuestas claras y reformas que cierren la puerta a la percepción de privilegio.
La Corte y las autoridades pertinentes tienen ahora la oportunidad de aclarar, explicar y —si corresponde— ajustar las reglas para que el manejo de bienes públicos no deje lugar a dudas. Mientras tanto, los cuatro Jeeps ya no forman parte del parque vehicular del tribunal; forman parte del debate público sobre privilegios, legalidad y rendición de cuentas.
Fuentes: Documentos oficiales de la SCJN y facturas y avalúos revisados por MILENIO, conferencia de prensa del 26 de enero y el Acuerdo General de Administración del 9 de septiembre de 2013.