Caen 16 servidores: suspenden e inhabilitan a empleados del poder judicial por violencia y acoso laboral
Comisión de disciplina del pjf encontró pruebas de lenguaje amenazante, grabaciones sin consentimiento y tocamientos indebidos; 13 recibieron suspensión e inhabilitación y 3 fueron destituidos
La Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), a través del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), dictó sanciones administrativas contra 16 servidores públicos señalados por conductas de violencia y acoso laboral, según informó la propia comisión en su sesión. El expediente concentra a dos jefes y catorce auxiliares adscritos a la unidad de notificadores de los tribunales colegiados de circuito en la Ciudad de México.
El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas presentó pruebas que, en opinión de la comisión, acreditan una conducta sistemática de maltrato: uso reiterado de lenguaje altisonante, comportamientos agresivos, intimidatorios y ofensivos, así como expresiones misóginas y acercamientos de connotación física no consentida.
Pruebas y comportamientos documentados
- Grabaciones y fotografías tomadas sin consentimiento a compañeras y compañeros de trabajo.
- Seguimiento y vigilancia a personal y a un superior jerárquico.
- Comentarios de connotación sexual y contacto físico indebido hacia una funcionaria judicial que generaron un ambiente hostil.
- Uso indebido de personas ajenas al PJF para efectuar notificaciones, con la aparente intención de evadir responsabilidades laborales.
- Desobediencia a órdenes superiores y presentación a labores en condiciones consideradas inaceptables para el servicio público.
Tras analizar el acervo probatorio, la Comisión de Disciplina concluyó que los involucrados “no preservaron el profesionalismo que exige la función judicial”. El magistrado Rufino H León Tovar, presidente de la comisión, advirtió que en el PJF “ya no hay intocables” y que se aplicará todo el peso de la ley a quienes vulneren el ambiente laboral y la impartición correcta de la justicia.
| Medida | Número de servidores | Plazo / alcance |
|---|---|---|
| Suspensión | 13 | Entre 30 y 90 días |
| Inhabilitación para empleo público | 13 | Entre 3 meses y 1 año |
| Destitución | 3 | Separación del cargo por causas previstas en la ley |
Qué significa esto para la ciudadanía
Que el aparato judicial sancione a personal por maltrato laboral tiene dos caras: por un lado, es una señal de que los controles internos pueden funcionar y que existirá rendición de cuentas; por el otro, revela fisuras en la cultura institucional que ponen en riesgo la integridad de quienes trabajan en tribunales y la confianza pública en la impartición de justicia.
Las afectadas y afectados sufren, además del daño psicológico y profesional, un impacto en su economía y en su carrera. Para el ciudadano común, la noticia puede erosionar la percepción de imparcialidad y pulcritud del servicio público judicial, algo que exige atención rápida y medidas preventivas.
Qué sigue
- Las sanciones son de naturaleza administrativa; los implicados podrían impugnarlas o enfrentar otras responsabilidades si hay elementos de delito.
- La comisión recomendó y se espera que el PJF refuerce protocolos de prevención, canales confidenciales para denunciar, capacitación en perspectiva de género y protección a denunciantes.
- Organismos externos y la sociedad civil deberán vigilar que las medidas no queden en papeles y se traduzcan en cambios estructurales.
La resolución del TDJ marca un antes y un después: la disciplina interna mostró dientes, pero el reto es transformar sanciones aisladas en un ambiente laboral realmente libre de violencia. Ciudadanos y trabajadores del sistema de justicia deben exigir seguimiento, transparencia y acciones que vayan más allá de castigos puntuales para garantizar que la toga no proteja a quienes la mancillan.