Prisión colombiana, fábrica de estafas que azota a El Salvador y media América Latina
El ministro Villatoro acusa desde San Salvador: llamadas salen desde la cárcel de Cómbita; piden a Colombia requisar el penal mientras víctimas relatan el terror telefónico
San Salvador — Una red de estafas telefónicas que, según autoridades salvadoreñas, opera desde la prisión de Cómbita en Colombia está sembrando pánico en varios países de la región. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó en conferencia de prensa el sábado que su gobierno, con apoyo tecnológico de Estados Unidos, pudo identificar la fuente de cientos de llamadas y exigió a las autoridades colombianas que actúen de inmediato.
“Ahorita hay más de 101 teléfonos encendidos, donde ellos están haciendo este tipo de llamadas”, dijo Villatoro mientras mostraba una imagen satelital del penal. En la rueda de prensa estuvo acompañado por el fiscal general Rodolfo Delgado y el ministro de Defensa, vicealmirante René Merino Monroy. Hasta el cierre de esta nota, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia y la Cancillería colombiana no habían contestado solicitudes de comentario.
La denuncia oficial vincula estas llamadas a una misma modalidad: estafadores contactan a la víctima por teléfono, la citan en un lugar despoblado, la hacen brindar información en el trayecto y luego llaman a un familiar para exigir dinero bajo la amenaza de supuestos secuestradores. “Mirá, somos del Cártel Jalisco Nueva Generación, te tenemos rodeado, si querés liberarte, tenés que entregar esta cantidad de dinero”, es la frase que, según Villatoro, usan los delincuentes para generar terror.
Varios salvadoreños han publicado en redes sociales relatos coincidentes. Una pareja de emprendedores contó que personas con acento colombiano y mexicano los hicieron llegar a un sitio remoto y luego exigieron rescate a un familiar. Las víctimas describen el mecanismo: mezcla de ingeniería social, teléfonos con números cambiantes y la amenaza espectacular para forzar pagos rápidos.
| Autoridad/fuente | Reclamo o dato |
|---|---|
| Gustavo Villatoro (Min. Justicia y Seguridad Pública, El Salvador) | Más de 101 teléfonos activos en prisión de Cómbita; llamadas salen desde ahí; tecnología estadounidense corroboró origen |
| Rodolfo Delgado (Fiscal general, El Salvador) | Investigación y trabajo conjunto en casos de estafa transnacional |
| Nayib Bukele (presidente de El Salvador) | Afirmó que no hay secuestros reales ni cárteles operando en El Salvador; calificó los casos como estafas telefónicas |
| Instituciones colombianas | No respondieron al cierre de la nota |
Villatoro aseguró además que agencias de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú han confirmado a El Salvador que se repite la misma modalidad con el mismo origen. Las autoridades salvadoreñas relacionan estos episodios con una investigación conjunta con la Fiscalía General de la República de septiembre de 2025 sobre una red transnacional que robaba y lavaba dinero por medios informáticos, supuestamente dirigida desde una cárcel colombiana.
El presidente Nayib Bukele salió a las redes sociales para minimizar el riesgo de secuestros masivos en el país: “En El Salvador NO HAY SECUESTROS, y tampoco hay carteles de la droga. Lo que ha habido son ESTAFAS TELEFÓNICAS realizadas desde una cárcel en Colombia. No hay ningún riesgo real. La solución es sencilla: NO PAGAR”, escribió en su cuenta oficial. Esa postura —centrada en desalentar pagos— contrasta con la alarma institucional por la sofisticación y alcance regional de las estafas.
Cómo funcionan las estafas, según denuncias y autoridades
- Contacto inicial por llamada o mensaje, a menudo con números cambiantes o con alteración de identificador.
- Cita en lugares despoblados; en el trayecto la víctima suelta datos sensibles.
- Acto final: llamada al familiar informando de un supuesto secuestro y demanda de dinero para “liberación”.
- Frecuencia y uso de múltiples líneas SIM desde el interior del penal dificulta el rastreo y corte de los circuitos.
Qué piden las autoridades salvadoreñas y qué falta
- Requisar el penal de Cómbita y retirar teléfonos: Villatoro exigió a Colombia una intervención «por hermandad latinoamericana».
- Transparencia y respuesta oficial de las instituciones colombianas: hasta ahora no hubo comunicación pública.
- Cooperación internacional: inteligencia, bloqueo de señales, controles de carteo de SIM y sanciones a operadores que permitan la filtración.
Medidas prácticas para la ciudadanía
- No pagar bajo presión ni transferir dinero sin verificar la situación con la víctima real o con autoridades locales.
- Denunciar inmediatamente las llamadas ante la Fiscalía o la Policía; conservar registros de llamada y mensajes.
- Difundir mecanismos de comprobación entre redes familiares: códigos, preguntas clave, y verificación por terceros.
Balance y riesgos
El caso revela una grieta en el control penitenciario que traspasa fronteras: teléfonos móviles y redes de SIM dentro de cárceles pueden convertir un penal en una central de fraude que afecta a países vecinos. Hay datos verificables —la declaración pública del ministro Villatoro y la participación del fiscal Delgado—, pero faltan aclaraciones de Colombia y pruebas públicas que permitan a la comunidad internacional evaluar alcance y responsabilidad institucional.
Propuestas constructivas
- Crear una mesa regional contra estafas transnacionales con participación de países afectados y organismos internacionales.
- Incrementar controles en prisiones: inhibidores de señal legalmente aplicables, registros de dispositivos y custodia de SIM.
- Campañas masivas de prevención para que la ciudadanía reconozca la modalidad y evite pagar.
- Fortalecer la cooperación tecnológica con aliados que ayuden a rastrear y desmantelar las redes financieras usadas por los estafadores.
Mientras tanto, la demanda de El Salvador es clara: que Colombia entre al penal y corte el hilo telefónico que, según Villatoro, alimenta una máquina de extorsión. Los ciudadanos reclaman respuestas y las autoridades, acciones coordinadas. En este episodio el daño es real: miedo, pérdidas económicas y la sensación de vulnerabilidad en la calle y en el teléfono. La solución requiere más que denuncias públicas: exige acción técnica, política y judicial compartida.
Seguiremos cubriendo la respuesta de las autoridades colombianas y cualquier novedad en las investigaciones que involucran a las fiscalías de la región. Si usted ha sido víctima o tiene datos, denúncielo ante las autoridades competentes para ayudar a cortar esta red que, según los denunciantes, se alimenta desde detrás de los muros de una cárcel.