Sobornos de millones y pueblos arrasados: Allende, 14 años sin justicia
Allende, Coahuila. La masacre que dejó al norte de Coahuila en llamas y silencio no fue un estallido espontáneo de violencia: fue la consecuencia mecánica de plazas compradas con dinero, instituciones penetradas y una venganza ejecutada por Los Zetas con la ayuda de policías, militares y autoridades que, según testimonios, cobraron para mirar hacia otro lado.
Qué dicen los juzgados y los testigos
En abril de 2013, en un juicio celebrado en Austin, Texas, Mario Alfonso «Poncho» Cuéllar, exjefe de operaciones para el paso de droga en Piedras Negras, explicó lo que significa una «plaza» para el crimen organizado: una ciudad donde se compra la impunidad de policías municipales, federales y militares mediante pagos regulares. Frente al fiscal Douglas W. Gardner, Cuéllar detalló que por cargamentos de 500 kilos de cocaína recibían hasta 15 millones de dólares, y que las ganancias totales de varios años superaron los mil millones de dólares, parte de los cuales se destinaron a sobornos.
«Han sobornado a toda la policía mexicana, al ejército y a gente poderosa.» Esa confesión, junto con las declaraciones de otros operativos como José Vázquez «El Diablo» y Héctor Moreno «El Negro», construye la ruta del dinero, el control territorial y la impunidad que precedió a lo ocurrido el 18 de marzo de 2011.
La masacre: cómo ocurrió
- A las 17:00 horas del 18 de marzo de 2011, cerca de 200 sicarios —en 42 camionetas y escoltados por patrullas municipales— irrumpieron en Allende y poblaciones cercanas.
- Los Zetas, que ya contaban con unos 40 policías locales en nómina, secuestraron a familiares, trabajadores y vecinos de líderes y operadores que habían huido al extranjero.
- Familias relatan que 80 personas fueron trasladadas al Rancho Los Garza y muchas fueron incineradas; en Piedras Negras, se asesinó a 40 personas en un predio; en total, familiares contabilizan alrededor de 300 víctimas entre desaparecidos y muertos.
La respuesta estatal y la factura de la impunidad
El Estado mexicano tardó en reaccionar y, cuando lo hizo, la investigación fue deficiente y fragmentada. En 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 10VG/2018, exigiendo a autoridades federales, estatales y municipales investigar, reparar y garantizar no repetición. Cinco años después, las familias no han recibido ni un peso de reparación ni la restitución de propiedades.
Colectivos de familiares y abogados llevaron el caso a la vía judicial. En diciembre de 2022 presentaron un amparo que quedó registrado como 440/2023; en agosto de 2024, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga concedió el amparo y ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ejecutar la reparación en 10 días. La CEAV impugnó la orden y alargó el proceso. La burocracia sigue ganando tiempo, mientras las víctimas esperan.
La CNDH exonera a la FGR; las familias no lo aceptan
En septiembre de 2025 la CNDH determinó que la Fiscalía General de la República había cumplido con lo recomendado respecto a Allende y comunicó la conclusión del seguimiento. Para colectivos y defensores, ese oficio equivale a cerrar el expediente sin que haya justicia real: los autores materiales y los cómplices institucionales siguen sin ser sancionados y las medidas de reparación integral no se han ejecutado.
Tabla: línea del tiempo esencial
| Año | Evento clave |
|---|---|
| 2005-2010 | Los Zetas se instalan en Piedras Negras y reclutan operadores locales; contrabando constante hacia EU. |
| 18 marzo 2011 | Operativo masivo en Allende y municipios vecinos: secuestros, asesinatos e incendios; alrededor de 300 víctimas según familias. |
| abril 2013 | Juicio en Austin: testimonios de Poncho Cuéllar y otros, confirman sobornos y flujo de drogas y dinero. |
| 2019 | CNDH emite recomendación 10VG/2018 para investigar y reparar. |
| dic 2022 – mar 2023 | Familias presentan amparo 440/2023; trámite ante jueza Sandra de Jesús Zúñiga. |
| agosto 2024 | Jueza concede amparo y ordena a CEAV ejecutar reparación en 10 días; CEAV impugna. |
| septiembre 2025 | CNDH declara a la FGR como «cumplidora» y concluye seguimiento; colectivos denuncian simulación. |
Por qué importa para la gente
Allende no es solo una cifra trágica. Son casas quemadas, apellidos que quedaron sin herederos, tierras arrebatadas, niños marcados de por vida. La ausencia de reparación económica, psicológica y material se traduce en familias desplazadas, en barrios despojados y en una desconfianza creciente hacia instituciones que prometen justicia y solo entregan papeleo.
Qué faltó y qué hace falta
- Investigación integral que alcance a autoridades que protegieron o encubrieron a Los Zetas.
- Reparación económica y restitución de bienes conforme a la Ley General de Víctimas.
- Medidas de garantía de no repetición: control real sobre cuerpos policiales y rendición de cuentas militares cuando corresponda.
- Transparencia en el seguimiento de la CNDH, CEAV y FGR; plazos reales y sanciones por incumplimiento.
Voz de las familias
«Es una vergüenza que la CNDH no actúe para que se cumplan sus recomendaciones. Tan solo en Allende se han registrado alrededor de 60 familias», dice Jesús González Schmal, abogado de las víctimas. Esa rabia resume lo que muchas personas sienten: la justicia no solo está demora; a veces parece que es cajoneada a propósito.
Conclusión: no es sólo pasado, es presente
La plaza comprada con dólares y el fuego que arrasó casas muestran un mecanismo: dinero que abre puertas y cierra expedientes. Hasta que el Estado deje de negociar impunidad, que ejecute reparaciones reales y que persiga no solo a los sicarios sino a quienes compraron su silencio, Allende seguirá siendo un recordatorio doloroso de que la impunidad se compra y la justicia se vende.
Exigir transparencia, presión social y acompañamiento internacional a las familias puede ser la llave para que la promesa de reparación deje de ser letra muerta y se convierta en hechos que devuelvan algo de dignidad a quienes quedaron en cenizas.