Senado cerró trabajos en medio de confrontaciones y polémicas
Ciudad de México. El Senado cerró sus trabajos legislativos de 2025 el 10 de diciembre, cinco días antes de lo que marca la ley, en un ambiente marcado por enfrentamientos verbales que derivaron en empujones y manotazos durante la clausura del periodo. La mayoría de Morena y sus aliados concentró el año en aprobar leyes secundarias que completan normas impulsadas al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La legislatura arrancó con un momento inédito: la insaculación pública para seleccionar candidatos a la elección del Poder Judicial. A lo largo del año se aprobaron, entre otras, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia —denominada por la oposición como la «ley espía»—; la de la Guardia Nacional; reformas en materia de amparo; la Ley contra la Extorsión; la de Aguas Nacionales; la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; además de modificaciones sobre desaparición forzada y al Sistema Nacional de Búsqueda.
Qué se aprobó y por qué importa
- Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia: sus promotores dicen que centraliza y profesionaliza la coordinación de información para combatir el crimen; la oposición advierte riesgos para la privacidad y el control ciudadano sobre la inteligencia estatal.
- Ley General del Sistema de Seguridad Pública y Guardia Nacional: buscan ordenar mandos y atribuciones; su impacto real dependerá de la implementación en estados y municipios y de recursos para prevención y justicia.
- Ley de Aguas Nacionales: persigue mayor regulación y planeación hídrica, pero despierta inquietudes entre comunidades y usuarios sobre acceso y tarifas.
- Extinción del Coneval: el fin del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social plantea dudas sobre la evaluación independiente de programas sociales.
- Telecomunicaciones y digitalización: la reforma promete simplificación administrativa y modernización, con potencial mejora en trámites, aunque especialistas advierten sobre competencia y pluralidad en medios.
En conjunto, estas reformas son como poner nuevas paredes a una casa cuyo plano se aprobó al inicio del gobierno: buscan completar el proyecto, pero también cambian la distribución del poder y la rendición de cuentas, con efectos tangibles sobre seguridad, privacidad, acceso a servicios y evaluación de políticas sociales.
Las polémicas personales que tensaron la agenda
El morenista Gerardo Fernández Noroña fue uno de los personajes que mantuvo el foco mediático. Fue criticado por la adquisición de una propiedad valuada en 12 millones de pesos y por viajes en jet privado. Noroña se defendió en tribuna: «vivo de mi trabajo, no he robado nunca a nadie y no tengo ninguna obligación personal de ser austero; a raíz de la pandemia me fui a Tepoztlán, renté esa casa y con mis ingresos tuve condiciones para comprarla a crédito». Añadió que, de haber incongruencias, podrían proceder por actos de corrupción, pero que no podrían demostrarlo.
Sus intervenciones públicas incluyeron momentos emotivos y polémicos: obligó a un ciudadano a ofrecer disculpas en el Pleno y protagonizó un momento en el que lloró por el genocidio en Palestina, lo que desató críticas de la senadora panista Lilly Téllez. También fue protagonista de un enfrentamiento físico en agosto, cuando durante la clausura del periodo extraordinario no le dio la palabra al priista Alejandro Moreno y los ánimos se caldearon hasta llegar a empujones.
Otra controversia que marcó los últimos meses involucró a Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, luego de que se revelara que Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Tabasco bajo su gestión, fue señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. López Hernández ha sostenido que las acusaciones son una campaña de politiquería por parte de la oposición.
En el ámbito institucional, una semana antes de la conclusión del periodo de sesiones, Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República. En sesión acelerada se nombró a Ernestina Godoy como su sucesora, decisión que, por el ritmo del proceso, generó cuestionamientos sobre el debate y la evaluación pública de la designación.
Clima de confrontación y cierre anticipado
El cierre anticipado del 10 de diciembre, según denuncias de la oposición, respondió a la saturación de agendas y a la coordinación de la mayoría para empujar iniciativas clave antes de que concluyera el año. Las escenas de tensión en tribuna y los empujones durante las sesiones evidencian la polarización política que atraviesa al Senado y que, para ciudadanos, se traduce en una sensación de incapacidad para deliberar con calma sobre asuntos que afectan la vida cotidiana.
Cómo afectan estas decisiones a la gente
- Seguridad y justicia: las nuevas leyes pueden cambiar quién investiga y cómo se comparte información; esto puede mejorar la coordinación contra el crimen, pero también reducir contrapesos si no hay fiscalización independiente.
- Programas sociales: la desaparición del Coneval puede debilitar la evaluación objetiva de programas que benefician a millones, lo que dificulta mejorar su eficacia.
- Agua y servicios: cambios en la ley de aguas pueden repercutir en tarifas y en el acceso de comunidades rurales y urbanas.
- Medios y telecomunicaciones: la nueva ley busca digitalizar trámites, pero hay que garantizar competencia y pluralidad para que la ciudadanía tenga acceso a información diversa.
Qué sigue y qué pide la ciudadanía
El Senado reanudará sesiones el 1 de febrero, con en la agenda nuevas polémicas y, entre ellas, la discusión de reformas electorales. Para que estos debates no se repitan solo en términos de confrontación, varios actores sociales y partidos han pedido mayor transparencia, comparecencias públicas y calendarios claros para evaluar iniciativas complejas.
Recomendaciones prácticas para la ciudadanía y actores civiles:
- Exigir información clara sobre el alcance de las leyes aprobadas y los mecanismos de supervisión.
- Vigilar la implementación en estados y municipios, donde en los hechos se decide el impacto de las normas.
- Participar en foros locales y solicitar comparecencias públicas a legisladores.
El balance del año en el Senado es mixto: avances legislativos que pueden influir en seguridad, telecomunicaciones y política social, pero también una escalada de polarización y decisiones tomadas a ritmo acelerado que ponen en tensión la rendición de cuentas. La política pública, al final, debe traducirse en resultados concretos para la gente; de lo contrario, las paredes nuevas de esa casa legislativa solo servirán para ocultar grietas.
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