En Culiacán, Fiscalía desalojó a desplazados por la violencia del narco
Un grupo de alrededor de 150 personas que habían tomado en invasión un predio en Culiacán tras huir de la violencia en la sierra —procedentes principalmente de comunidades de la sierra de Culiacán y Badiraguato— fue desalojado por elementos vinculados a la Fiscalía estatal. La acción, que ocurrió esta semana, evidencia otra arista del desplazamiento interno en Sinaloa: familias que, sin protección estatal suficiente, recurren a la ocupación de tierras y quedan expuestas a operativos y a la incertidumbre sobre su futuro.
Qué pasó
Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y testimonios de las personas desalojadas, la autoridad ejecutó un operativo para recuperar el predio que había sido tomado por las familias desplazadas. La Fiscalía justificó la intervención en el cumplimiento de mandatos judiciales y en la protección de la propiedad privada. Por su parte, vecinos y quienes se refugiaron en el terreno sostienen que no hubo aviso previo ni alternativas habitacionales, y denuncian pérdidas materiales y prácticas que consideraron agresivas.
Testimonios y consecuencias humanas
“Nos veníamos de las comunidades porque no podíamos seguir; lo único que queremos es un techo para los niños”, dijo una mujer desplazada, que pidió mantener su nombre en reserva. Otros describieron que llevaban días en el predio, con carpas y pocas pertenencias, y que tras el desalojo quedaron en la calle o alojados temporalmente con familiares. Varias familias reportaron la pérdida de muebles, alimentos y documentos personales.
Contexto
El desplazamiento forzado por la violencia ligada al crimen organizado es un fenómeno que se registra de manera recurrente en la sierra sinaloense, incluidas zonas de Badiraguato y partes de Culiacán. Las familias afectadas suelen enfrentar un doble abandono: huyen de la violencia y, al llegar a zonas urbanas, encuentran escasas opciones de vivienda y poca coordinación institucional para su atención inmediata. La ocupación de predios —recurso de emergencia para conseguir un lugar donde dormir— entra en conflicto directo con normas sobre propiedad y orden público, y puede terminar en desalojos sin alternativas.
Reacción institucional y reclamos
- Fiscalía: informó que el operativo se realizó para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar delitos asociados a la ocupación no autorizada. La dependencia afirmó que actuó conforme a mandatos judiciales.
- Personas desplazadas: denunciaron falta de aviso, desprotección y la ausencia de soluciones por parte de las autoridades de asistencia social o protección civil.
- Organizaciones civiles y de derechos humanos: consultadas por este medio señalaron la necesidad de que cualquier desalojo contemple protocolos de protección inmediata, valoración humanitaria y coordinación con instancias de bienestar para evitar empeorar la situación de vulnerabilidad.
Por qué importa
El desalojo pone en evidencia fallos en la respuesta pública ante el desplazamiento interno: la falta de rutas claras para la atención humanitaria, la carencia de soluciones habitacionales alternativas y las tensiones entre el respeto a la propiedad y la urgencia de proteger a personas que huyen de la violencia. Para las familias, la medida no sólo representa la pérdida de un refugio temporal, sino la reiteración de la exclusión: menos oportunidades de escolarizar a los niños, acceso limitado a servicios de salud y mayor riesgo de revictimización.
Qué se necesita
Para atender de forma humana y eficaz situaciones como ésta, actores locales y federales deben coordinarse y ofrecer medidas concretas:
- Instaurar protocolos claros que garanticen la valoración humanitaria previa al desalojo y la oferta de alternativas habitacionales temporales.
- Apertura de canales con organizaciones civiles para asistencia inmediata: alimentos, atención médica y documentación.
- Investigación transparente de posibles excesos en el uso de la fuerza y supervisión de procedimientos por instancias de derechos humanos.
- Políticas públicas de largo plazo para el registro y protección de personas desplazadas por violencia, que incluyan acceso a empleo, educación y vivienda.
Qué sigue
Las familias desalojadas requieren soluciones urgentes; la fiscalía debe explicar públicamente el procedimiento seguido y las autoridades de bienestar social, municipal y estatal tienen la responsabilidad de ofrecer alternativas temporales y explorar opciones de reubicación o regularización. Mientras tanto, la sociedad civil puede jugar un papel de puente para garantizar ayuda inmediata y monitorear el respeto a los derechos de las personas afectadas.
Este suceso no es un hecho aislado: es la consecuencia visible de la violencia y de un vacío institucional que convierte a la vivienda en un terreno de conflicto. Reconocerlo, en términos prácticos, implica priorizar respuestas que protejan a las personas antes que priorizar exclusivamente la restitución de predios sin ofrecer alternativas dignas.
Fuentes: comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; testimonios recabados en el lugar; declaraciones de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones desplazadas en la región.